De nueva cuenta se evidencia la fragilidad y degradación ambiental en que sobreviven cotidianamente miles de compatriotas a lo largo y ancho de la geografía patria: norte, occidente, centro, sur, enfrentados a la inseguridad y en condiciones de riesgo, en sus vidas y pertenencias, condición agravada por precondiciones sociales y ecológicas que acentúan el impacto destructivo de diversos desastres naturales: huracanes, tormentas tropicales, sismos, terremotos
.Con regularidad puntual, tanto en la estación seca como en la lluviosa, los pobladores, particularmente en zonas rurales, se ven expuestos cíclicamente, a hambrunas, epidemias, pobreza extrema, amen de perdida de vidas, de cosechas y ganado, contaminación de aguas, suelos, atmósfera, en condiciones de riesgo permanentes.
Un erróneo modelo de desarrollo de carácter depredador, extractivo de los recursos naturales acentúa la degradación ambiental, además de la acelerada deforestación, los incendios forestales, el mal manejo de cuencas hidrográficas, la destrucción de manglares, la sobre explotación de suelos con monocultivos, la ganadería extensiva, la urbanización y asentamientos humanos no planificados, la construcción de infraestructura que no reúne requisitos técnicos y ambientales, el empleo masivo de plaguicidas, la minería a cielo abierto.
Ciertamente, no hemos aprendido las lecciones derivadas del paso destructivo del huracán Mitch en octubre-noviembre de 1998.
En aquella ocasión, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emitió una serie de recomendaciones, entre ellas la implementación de sistemas de alerta temprana, “eficaces y eficientes, dentro de un sistema nacional de prevención y gestión de riesgos... que el desarrollo participativo incorpore... las dimensiones básicas operativas de un reordenamiento territorial que considere el factor riesgo/seguridad y las características demográficas, sociales y productivas en forma moderna y descentralizada”.
Casi ninguna de esas recomendaciones ha sido tomada en cuenta y mucho menos implementada por las diferentes administraciones que ha tenido el Estado hondureño desde aquella fatídica fecha que marcó la vida de la nación y de sus pobladores.
Falta aún una toma de conciencia colectiva tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en su conjunto para implementar un nuevo modelo de desarrollo económico y social que no nos guíe hacia la auto destrucción y el suicidio colectivo.
