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El veto

  • 05 abril 2018 /

El proceso iniciado al recibir el instrumento jurídico con las reformas ha sido minucioso y exhaustivo.

    Aunque ya desde el momento mismo en que se aprobaron las reformas a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, y pasaron las enmiendas para la sanción del Ejecutivo, trascendió que el presidente Juan Orlando Hernández ejercería su poder de veto, había cierta inquietud reflejada en el gran respaldo de los sectores políticos y sociales para mantener en su letra y contenido originales la eficaz herramienta jurídica en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Las disquisiciones jurídicas enriquecen el debate, pero los hechos contribuyen a proporcionar optimismo sobre el aún precario futuro en nuestro país.

    Las reacciones, con escasísimas excepciones por motivos políticos o de personas que se hallan directa o indirectamente afectadas por la ley original, gracias al veto, se han mostrado sumamente favorables a la decisión presidencial que remite a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para que resuelva si son necesarias nuevas enmiendas en el ámbito jurídico que deberán tomar en consideración los altos intereses del Estado y la supervivencia de la sociedad hondureña de manera que su debate y visión contemplen la necesidad existencial de defensa de la sociedad.

    “Nos parece muy positiva la acción... creemos que es congruente con la acción que él mismo impulsó como presidente del Congreso Nacional y ahora como jefe de Gobierno” resaltó Carlos Hernández, vicepresidente de la Asociación para una Sociedad más Justa. Incluso desde la oposición se escucharon voces para ensalzar la decisión presidencial que “deje lecciones a la clase política” para que sienta que no habrá blindaje en la lucha contra la corrupción.

    El proceso iniciado al recibir el instrumento jurídico con las reformas ha sido minucioso y exhaustivo. Primero con profesionales del Derecho y expertos en el tratamiento de los graves problemas nacionales en materia de violencia y seguridad, reforzando la decisión de ejercer el veto, tras lo cual se espera de la comisión de Justicia Penal su criterio sobre la necesidad o no de cambios. El segundo paso del proceso, ámbito político, fue la reunión con los diputados nacionalistas, pues “hablando se entiende la gente”, quienes aseguraron dejar de lado el derecho a la “ratificación constitucional” y la publicación en la Gaceta.

    Hay liderazgo en el Legislativo y el Ejecutivo para evitar divisiones en el oficialismo y seguir, con mayor ahínco, en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.