La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se obliga al Estado hondureño a resarcir los daños causados a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, relevados de sus cargos de manera irregular, debe sentar un precedente para que los funcionarios de los distintos poderes del Estado respeten la independencia de los otros poderes y no violenten los procedimientos establecidos en la ley.
En Honduras, la independencia de poderes ha sido, y continúa siendo, una aspiración democrática. Hasta ahora, el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema sigue sometido a negociaciones políticas, por lo que difícilmente se puede hablar de verdadera autonomía y de toma de decisiones sin “consultar” a otros protagonistas de la vida política nacional. Lo anterior provoca desconfianza en la población y genera dudas sobre una objetiva impartición de justicia.
Cuando estos cuatro magistrados fueron depuestos irregularmente, varias voces se levantaron e hicieron ver las consecuencias negativas que esa decisión tendría para el normal desarrollo del juego democrático del país, pero, como suele suceder, se impusieron los intereses, en aquel momento del presidente del Legislativo, con la complicidad de la mayoría de los diputados que entonces integraban el Congreso de la república.
Ahora, la autoridad jurídica continental en materia de derechos humanos se ha pronunciado y ha puesto en evidencia que esos cuatro hondureños, muy destacados, por cierto, fueron despojados de sus investiduras por el simple hecho de no obedecer los lineamientos del Legislativo y por actuar en apego a la Constitución.
Queda ahora cumplir la sentencia, para no caer en una nueva arbitrariedad, y, sobre todo, tomar lecciones. Las leyes fueron creadas para ser respetadas, los procedimientos legales deben seguirse, los caprichos de los que ejercen el poder no pueden estar por encima de la normativa vigente. O continuaremos a merced de la voluntad individual o grupal que solo vela por sus intereses y los de los suyos. El caso Gutiérrez Navas y otros contra el Estado de Honduras no puede ni debe convertirse en un incidente más en contra de la impunidad y el irrespeto a la ley, sino todo lo contrario: debe ser un espejo en el que los tres poderes del Estado deben confrontarse antes de decidir “por sus pistolas”, movidos por asuntos coyunturales y sin visión prospectiva. Duele el pasado y los hechos que han conducido a esta sentencia, pero alegra saber que es una sentencia que devuelve la esperanza y nos llama a la rectitud y a la decencia.
