El partido hoy en el poder está actuando, simultáneamente, de manera peligrosa, dogmática, intransigente al no flexibilizar su posición de todo o nada en lo relativo a la elección del fiscal general por parte de los diputados de las distintas bancadas, a la vez que no reconoce el hecho basado en ley que el fiscal adjunto continúa desempeñándose como el titular del Ministerio Público, mientras no sea electa la persona que reemplazará a Chinchilla, hoy magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. Con esta actitud se está debilitando aún más la frágil institucionalidad, desconociendo el hecho que la oposición permanece unida y fortalecida, con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, decidida que, a partir de ahora, las personas que ocupen tan altos cargos actúen de manera independiente, apegadas a derecho y no a la voluntad del Ejecutivo, tal como hasta ahora ha sucedido. Libre evidencia el irrespeto -cada vez más prolongado- que, con su actitud cerril, alejada totalmente de la realidad, está causando a la nación, pretendiendo ignorar que la oposición legislativa no se dejará manipular en su posición, por demás justa y digna de reconocimiento, y que, adicionalmente, cuenta con mayoría de votos al coincidir sus criterios.
Distintas represalias en contra de las y los diputados opositores buscan que se retracten de su consenso, con la esperanza de obtener número suficiente de votos para poder concretar su objetivo, actitud por demás inmoral que viola el derecho a la privacidad de las personas al practicar el espionaje de documentación estrictamente personal.
Cada vez más la opinión pública concluye que el eventual propósito estratégico de la cúpula oficial es provocar un vacío entre los poderes estatales, clausurar el actual periodo legislativo y convocar, eventualmente, a una Asamblea Constituyente que derogue el código fundamental de la república, que es la Constitución Política, para proceder a redactar otra que otorgue poderes omnímodos a la rama ejecutiva, debilitando a las otras dos. Este intento debe ser totalmente denunciado y rechazado, ya que significaría de hecho un golpe de Estado desde el poder, un ilegal retroceso en la construcción y fortalecimiento del sistema democrático.
Hoy, más que nunca, se requiere de un cierre de filas de las fuerzas vivas de la nación hondureña, alerta y expectante ante cualquier maniobra seudo legal por parte del oficialismo.
Si los diputados del oficialismo no flexibilizan su hasta ahora irreductible posición, se están desacreditando más y más ante sus compatriotas. Por el contrario, si llegan a alcanzar consensos con el bloque opositor estarán actuando a favor del bien común, del patriotismo y la responsabilidad cívica.
