La reciente elección de la nueva directiva que preside el Poder Legislativo en propiedad revela que es totalmente factible encontrar acuerdos y consensos entre militantes de diversos partidos políticos sin tener que apelar, como fue el vergonzoso caso reciente, a la violencia como medio expedito para imponerse a como haya lugar.
Esta vez, hubo negociaciones de altura, con recíprocas concesiones que revelan haberse alcanzado cierta madurez y realismo políticos, que pueden y deben perfeccionarse, a efecto de que el soberano Congreso Nacional se dedique de lleno a la única labor para la cual sus integrantes fueron electos: para legislar en beneficio colectivo, con códigos y decretos que perfeccionen nuestro cuerpo de leyes, unificándolo y, cuando sea necesario, reemplazándolo por otro que incorpore como punto focal el bien colectivo.
En ese sentido ya se habla de nueva legislación electoral, algo urgente y prioritario, igualmente debe iniciarse, de manera consensuada con las diferentes bancadas y con la empresa privada, una reforma tributaria que se base en el principio universalmente aceptado de quien percibe mayores ingresos debe pagar, proporcionalmente, un mayor monto de impuesto sobre sus ingresos diversos.
Existen consensos respecto a la aprobación de la Ley de Empleo por Hora, oportunidad reclamada por jóvenes que trabajan y estudian. También se suprimirán los subsidios otorgados indebidamente a diputados, bajo el argumento falaz que son invertidos en programas sociales en los departamentos que representan.
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo resulta imperativa, ya que la aún vigente, al conceder atribuciones omnímodas al titular, le facilita manejar el millonario presupuesto asignado a ese poder estatal de acuerdo a su criterio personal.
Toca al recién electo Congreso restaurar la confianza ciudadana que, justificadamente, posee una percepción e imagen altamente negativa de este poder estatal, cuyo accionar frustrante e ilegal al violar diversos preceptos constitucionales, ha significativamente contribuido al debilitamiento institucional, a la pérdida de fe en el sistema de democracia representativa, factor que incide en el abstencionismo electoral.
La seguridad jurídica, la independencia y la no subordinación del Legislativo respecto a los otros dos poderes estatales son elementos absolutamente indispensables para evitar caer nuevamente en formas autoritarias en que la voluntad del Ejecutivo reemplaza a la ley.
La consulta a la ciudadanía en temas de interés colectivo, vía referéndum y plebiscito, debe superar el mero enunciado para proceder a la aprobación de los procedimientos, requisitos necesarios para su implementación como medio de consulta popular, algo contemplado en nuestra Carta Magna.
Ninguna bancada debe abstenerse de participar en la necesaria búsqueda de consensos que logren agilizar una agenda cargada de proyectos que no pueden quedar archivados indefinidamente.
Ha llegado el momento de trabajar en equipos y comisiones que permitan alcanzar finalmente convergencias y consensos, sin emplear tácticas dilatorias ni mucho menos violentas, tal como ocurrió durante el pasado periodo legislativo, con imágenes que avergonzaron al pueblo por el repudiable ejemplo que proyectaron a lo interno y externo.
