Por inverosímiles que sean, cuando una persona carece de capacidad de análisis y autocrítica, nunca está dispuesta a reconocer yerros y admitir errores propios.
Encuentra la responsabilidad en otros, nunca en sí mismo. Ello revela no solo inmadurez, también ausencia de coraje y valentía para aceptar la verdad, por evidente que esta sea, y reconocer equivocaciones, tal como debe ser cuando se posee objetividad y caballerosidad.
Tal lo que ocurre con el actual titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, al responsabilizar a “otros extractos [sic] fuera del gobierno” por no haber llegado al país la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), con el fin de “perjudicarnos y que no cumplimos con una promesa”.
En tal declaración incluye a “un grupo de la ONU” como el responsable por la no presencia del ente investigativo.
La realidad es muy otra: el otorgamiento de decretos de amnistía a personas que han incurrido en delitos que conllevan responsabilidad penal, que por consiguiente no quedan amparados ni favorecidos por ella.
La credibilidad del señor Redondo cada vez se erosiona más, tanto por su incapacidad para conducir las sesiones de trabajo del Congreso, por su inhabilidad para alcanzar consensos con las bancadas de oposición, incluyendo la de disidentes de su propio partido, por su incondicionalidad respecto a los mandatos provenientes del Ejecutivo, acatados al pie de la letra, por el otorgamiento de subsidios y regalías millonarias a los diputados leales a su voluntad, tal como aconteció en la administración anterior, en la que las y los favorecidos desviaban tales fondos a sus cuentas bancarias, sin rendir cuentas del destino de tales fondos, que supuestamente eran para proyectos de desarrollo comunitario en sus respectivos departamentos, lo que, incluso derivó en varias líneas de investigación de la desaparecida Misión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Similares excusas ofrece para justificar la no aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y la no convocatoria a sesiones parlamentarias, lo que está provocando parálisis en el normal desenvolvimiento de la gestión estatal, pese a una coyuntura nacional signada por la actual crisis social y económica: desempleo abierto y disfrazado, devaluación monetaria, inflación, endeudamiento externo en condiciones onerosas, inminente regreso de nuestros compatriotas deportados, violencia, inseguridad, contracción de la inversión directa nacional y extranjera, deterioro en las relaciones bilaterales con nuestro principal socio comercial y aliado geopolítico.
Así navega la nave del Estado.
