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Ediles cuestionados

  • 05 diciembre 2022 /

    En distintas ciudades, varios alcaldes están siendo investigados por parte de la Fiscalía por actuaciones irregulares en el manejo de fondos de sus respectivas corporaciones municipales y por abuso de poder durante sus gestiones, tanto durante el gobierno anterior como en el actual. En La Ceiba, La Paz, Tegucigalpa, San Pedro Sula, se han presentado denuncias ciudadanas, en algunos casos; en tanto, en otros se está actuando de oficio.

    En el caso de la Capital Industrial existen dos versiones: la del alcalde Roberto Contreras, quien en una conferencia de prensa denunció la existencia de una conspiración por parte del fiscal especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, y el vicealcalde Omar Menjívar, con el propósito de inhabilitarlo en su cargo, acusándolo de “haber recibido coimas por contratos con Sulambiente desde 2019”. Refutó tal acusación aclarando que “nada que ver con los contratos de Sulambiente, porque esos se firmaron en el Congreso y tenían que respetarse. Menjívar, por su parte, refuta tal declaración, sosteniendo que existen intereses creados que monopolizan la recolección de basura y que los mismos reciben protección por parte de autoridades locales, amparándose en contratos onerosos. Ante estas dos versiones, es necesario otorgarle tiempo razonable al fiscal Santos a efecto que, tras investigación exhaustiva y el acopio de pruebas documentales, llegue al fondo de esta denuncia, bien para descartarla, bien para confirmarla.

    Lo cierto es que San Pedro Sula y su medio ambiente poseen altos grados de contaminación hídrica y atmosférica, debido a que los ríos son vertederos de aguas residuales y desechos industriales, por lo que el agua para el consumo humano está contaminada.

    A esta lista de funcionarios municipales investigados por la fiscalía se agrega el alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana, acusado de asesinatos ocurridos entre enero y junio de 2009, además del delito de asociación para delinquir, por lo que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, ya dictó auto de formal procesamiento, con la medida cautelar de prisión preventiva en el Primer Batallón de Infantería.

    Las corporaciones edilicias deben enmarcar la totalidad de sus actuaciones de manera íntegra, transparente, honesta, ya que tienen un ineludible compromiso ante la ciudadanía que, con su voto, los ha colocado en esa posición de autoridad para bien de las comunidades, no para beneficio propio. La periódica rendición de cuentas de carácter pública deviene obligatoria, evitando así cuestionamientos por parte de los organismos judiciales competentes.