Su contenido, elaborado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), debe ser leído por todo aquel que busque informarse respecto al estado actual de la vigencia de distintos derechos y garantías consignadas en nuestra Constitución Política. Consta de siete apartados: contexto, defensoras y defensores asesinados, defensa de la tierra y el territorio, del medio ambiente, de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes, derechos laborales, defensa de la libertad de expresión y población LGBTIQA+.
Un común denominador lo constituyó la violencia, inseguridad, desigual acceso a la justicia, corrupción, impunidad, pobreza y exclusión social experimentada por distintos sectores afectados por sus intentos de mantener incólumes y protegidas a sus comunidades y personas del abuso y sometimiento perpetrados en su contra por grupos e intereses que han manipulado el poder, la riqueza y las influencias para provecho propio, en desmedro del interés y el bien común.
En el transcurso del año pasado, nuevamente ocurrieron baños de sangre, especialmente -pero no únicamente- en el Bajo Aguán, en donde la conflictividad por la disputa de tierras alcanza niveles de extrema confrontación entre campesinos, propietarios de agronegocios, cooperativas dedicadas al cultivo de palma africana, guardias de seguridad y narcotraficantes.
Continuó el asesinato de ambientalistas opuestos al modelo extractivista, altamente contaminante, favorecido con el otorgamiento de licencias ambientales y concesiones mineras e hidroeléctricas, omitiendo el derecho a la consulta previa por las comunidades afectadas.
El caso más emblemático que trascendió internacionalmente fue el de Juan López, líder comunitario, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.Las conclusiones formuladas revelan la regresión en la protección de defensores: 15 de los cuales fueron ejecutadas durante los pasados doce meses. El Estado hondureño no actuó como garante protector, sino como responsable de alrededor del 45 % de las agresiones registradas, con parálisis de la acción penal, colapso operativo e ineficacia del mecanismo nacional protector.La defensa de tierras, territorios y medioambiente constituye la actividad de mayor riesgo en Honduras, afectando también a pueblos indígenas y afrodescendientes, con desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 en favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz.
Las restricciones a la libertad de expresión y criminalización del disenso incluyeron el homicidio del comunicador Javier Hércules. Las elecciones generales en noviembre presenciaron la confrontación, discursos estigmatizantes y amenazas en contra del periodismo independiente por parte de militares y políticos.
La diversidad sexual acosada, la precarización del empleo, la persecución a la libertad sindical, la obstrucción a la justicia anticorrupción y el desplazamiento forzado completaron el dramático trasfondo del 2025.
