En un descarnado informe al titular del Ejecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desnuda la realidad de nuestro sistema carcelario y lo cataloga como “deshumanizado, paupérrimo y corrupto”, destacando que las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana, y que son el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual nuestro país es suscriptor.
De conformidad a nuestra constitución política, los establecimientos penales son entidades de seguridad y defensa social, en los cuales se procurará la rehabilitación de las personas privadas de libertad para su posterior reinserción en el trabajo productivo como una garantía de seguridad para los habitantes del país.
Lo anterior no deja de ser solo un ilusorio enunciado constitucional pues en la realidad no sucede así, tal como la CIDH lo acaba de advertir, al señalar que los problemas indicados son responsabilidad del Gobierno de la República, y es su deber asignar los recursos adecuados para cumplir con el referido mandato constitucional.
El hacinamiento y la violencia en las cárceles hondureñas es otro grave problema, con una superpoblación que rebalsa su capacidad, existen 24 establecimientos penitenciarios para albergar unos 8 mil reclusos, pero la población carcelaria sobrepasa los 14 mil.
La ineficacia del Gobierno en este tema llega a su grado máximo al permitir irresponsablemente que los internos hayan tomado el control de los penales ocurriendo como consecuencia de ello, muchos crímenes como parte de las pugnas existentes entre grupos rivales ordenados por las organizaciones criminales que controlan los centros penales del país, lo cual ha sido aceptado y reconocido por las autoridades hondureñas.
La corrupción oficial, la insuficiencia de recursos y el proceder irreflexivo de las autoridades han propiciado a que los internos asuman indebidamente decisiones de administración y mando, lo que obviamente rompe el principio de autoridad y de igualdad que deben prevalecer entre los reclusos, quienes además realizan algunas actividades ilícitas dentro de los penales, como la venta de drogas o la prostitución.
Las cárceles son el reflejo de lo que ocurre en el país, mientras las estadísticas del crimen continúen, seguiremos siendo el país más violento del orbe, mientras la impunidad exista, las cárceles serán como lo que son, un callejón sin salida.
