Con las elecciones parlamentarias del próximo día 26, Perú cerrará su mayor crisis política e institucional desde el retorno de la democracia, fruto de una tensión irresoluble entre Congreso y Ejecutivo que fue de la mano de la devastadora lacra de corrupción que afecta a la clase política del país.
La escalada de cruces, amenazas, bloqueos, desplantes, presiones e intrigas entre un parlamento dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, y el Ejecutivo presidido por Martín Vizcarra llegó a su máxima expresión cuando, en un momento sin antecedentes, el mandatario decretó en septiembre la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas.
La nueva cámara que surja este domingo, una incógnita ante el altísimo índice de indecisos que señalan las encuestas, se espera que reconduzca la relación entre los poderes del Estado y deje de lado actitudes como las del Congreso disuelto, que no supo gestionar una apabullante mayoría parlamentaria en favor de la ciudadanía.
ELECCIÓN DIVIDIDA
De hecho, la crisis política nació con las elecciones generales de 2016, con la sorpresiva victoria por un puñado de votos del veterano economista Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).Kuczynski ganó la Presidencia, pero Fujimori y su partido, Fuerza Popular, obtuvieron 73 diputados, una amplísima mayoría absoluta reforzada por su alianza tácita con otras agrupaciones, como el Partido Aprista del expresidente Alan García.
Con ese dominio, Fujimori se dedicó a “gobernar desde el Legislativo” y dirigió políticas de asfixiante acoso al Gobierno, forzó destituciones de ministros sin profundas razones de fondo y buscó copar los cargos públicos de designación parlamentaria.
Kuczynski fue rehén de estas políticas del fujimorismo, perdió a cuatro ministros por presión parlamentaria e incluso tuvo que reformar un Ejecutivo en pleno al perder una moción de confianza.
ESTALLA ODEBRECHT
Mientras las confesiones de Marcelo Odebrecht sobre el pago de decenas de millones de dólares a prácticamente todos los partidos políticos peruanos para facilitar sus negocios en el país, comenzaron a pesar con fuerza en la agenda política nacional.Fujimori apareció como receptora de “aportes” de la empresa brasileña y pronto cobró fuerza una investigación sobre irregularidades en la financiación de sus campañas que, a ojos de los fiscales, implicó un delito de lavado de activos. Fuerza Popular se convirtió así en una maquinaria dedicada a proteger a su jefa de las investigaciones, mientras que a la vez Kuczynski también quedó enredado en la maraña de Odebrecht.
La sombra de una destitución cayó sobre él mientras se conocía que había cobrado de Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo (2001-2006), por lo que intentó salvarse indultando irregularmente a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, un paso con el que dilapidó su capital entre la izquierda y el centro moderado. Y todo a cambio de nada, ya que en marzo de 2018, tras otro escándalo por los intentos de sus allegados por sobornar a diputados para salvar al Ejecutivo, fue obligado a dimitir y ceder la Presidencia al entonces oscuro vicepresidente Martín Vizcarra. EFE
