El 27 de octubre de 2021, el actual mandatario de Honduras firmó con su homólogo de Nicaragua un acuerdo al que llamaron Tratado Integracionista del Bicentenario. No estuvieron al frente las cancillerías.
Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (1992 y 2007) no necesitan un Tratado para ser vinculantes para las partes, en cuanto a lo negociado, Honduras cede.
El gobierno hondureño habla de soberanía mientras entrega y vende el territorio nacional.
Un gobierno cuestionado, nacional e internacionalmente, por corrupción, inconstitucionalidad e ilegitimidad, y otro gobierno igualmente cuestionado, que además ha mandado a prisión a la oposición, ambos cercanos a elecciones.
Desde que se firmó en 1986 el tratado López-Ramírez, con Colombia, Honduras ha fracasado en la defensa de la integridad territorial. Se ha cerrado el círculo, la pérdida de territorio en la definición de la frontera con Nicaragua en el Caribe y ahora en el Pacífico.
Colombia, país que en su momento fue considerado aliado de Honduras, no solo en materia marítima, pero también en la lucha contra el narcotráfico, ahora es cambiado por Nicaragua, que recibe el apoyo ante los cuestionamientos de la comunidad internacional.
Se busca lavar la cara del gobierno, venta de ilusiones electoreras, nuevas zedes, inversión de dinero sin fiscalización, obtención de recursos con el BCIE, la posibilidad de refugio, mensaje para EUA, el acercamiento a Rusia o China, y satisfacer intereses particulares. En Nicaragua se aprobó por unanimidad, en Honduras se quiere hacer lo mismo al oscuro amparo de la virtualidad. Frente a un mandatario que no defiende los intereses nacionales y una Cancillería inoperante, lo tratado no debe ser aprobado.
