He visto en la prensa escrita una noticia sobre los montos del presupuesto nacional, que deberán aprobarse la próxima semana. Me parecen incongruentes con los planteamientos de campaña electoral que proponían disminuir el monto para las Fuerzas Armadas. Es más, los militantes de Libre que votaron por el triunfo de doña Xiomara, en su mayoría, tenían la consigna de la desaparición de los militares. Según la información, el monto asignado a las fuerzas castrenses aumentará un 13 por ciento, mientras los rubros destinados a la educación y la salud subirán un 6% y un 7%, solamente. Esto es inconsecuente con los planteamientos de la Refundación porque sabemos que los renglones de salud y educación son los pilares fundamentales en los que deberá fundamentarse el progreso y la transformación nacional. Todos los hondureños situados en los sectores medios y de la pobreza saben, perfectamente, que los hospitales y el sistema público de salud padecen de grandes carencias de personal y de insumos y que las escuelas y colegios se desenvuelven en una situación deplorable, no solo en su estructura física y los servicios, sino también en la calidad de la enseñanza. Estos asuntos no están aún resueltos. Las razones para que el pueblo en general no quiera saber nada de los militares es por su conducta nada cívica: son los responsables de los golpes de Estado y otros abusos que han acarreado grandes sufrimientos al país y a la población. El régimen militar que se derivó del golpe de Estado protagonizado por Oswaldo López Arellano, que instaló un régimen de terror, persecución, asesinato y encarcelamiento de los opositores con el pretexto de combatir al comunismo, fue un largo período de antihistoria; también esos militares saquearon las arcas de la nación y demostraron, durante la agresión de El Salvador en contra de Honduras, su incapacidad para defender la soberanía nacional; otra etapa de graves penurias para el pueblo ocurrió con el ascenso al mando militar del general Álvarez Martínez, quien comprometió al país en la guerra encubierta de los Estados Unidos en contra de Nicaragua y al mismo tiempo implantó en Honduras un régimen de terror, asesinato y desaparición que toleró el presidente Suazo Córdoba. En 2009 protagonizaron otro golpe de Estado que ocasionó graves penurias, represión, asesinato y aislamiento de Honduras. De la oposición patriótica a ese golpe surgió la Resistencia Nacional, pero también fue el prolegómeno para que se instalara el narcogobierno de Juan Orlando Hernández mediante el atropello de la Constitución, sin que los militares intervinieran para restablecer el orden jurídico nacional. He visto a la presidenta Castro ir de cuartel en cuartel elogiando y respaldando a los militares con mucha frecuencia, pero no la he visto reunida con los conglomerados que insisten en plantearle personalmente sus penurias y necesidades. Y no se trata de que esté en contra de su gobierno. Ahora les manda a enseñar las doctrinas de Morazán cuando en verdad los militares son antimorazanistas. Para el Instituto Morazánico hace mucho que estamos solicitando la subvención. Cuando yo escribí un artículo en el que señalaba las tareas a ejecutar la presidenta en los primeros días señalé la necesidad de enjuiciar a los actores directos e indirectos del golpe. Hasta la fecha eso no ha ocurrido y pareciera que quienes quebrantaron la Constitución quedarán impunes e invitados a repetir sus andanzas.

También sabemos que militares quizás están implicados en los crímenes que se cometieron en contra de los manifestantes opuestos al golpe de Estado y que posiblemente hay implicados en las fechorías cometidas por Juan Orlando Hernández, incluido el narcotráfico, y en el manejo no muy claro de fondos del presupuesto nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el Congreso Nacional no ve estos peligros y no actúa para derogar todos los artículos constitucionales que le otorgan a los militares el poder de decidir cuándo, según ellos, un gobierno se aparta del curso constitucional, razón por la que se han convertido en jueces de la vida política, suplantando al pueblo que es el soberano y el que debe decidir hacia dónde orientar al país. Igualmente deben desvincular la celebración del natalicio morazánico de la celebración de las Fuerzas Armadas.

Esas aberraciones constitucionales colocan a los militares por encima del poder civil y eso es inaceptable en cualquier democracia, porque los militares deben comprender, de una vez por todas, que su papel es el de vigilar la integridad y soberanía territoriales.