Con un sistema meritocrático y competitivo de acceso a la educación docente, el efecto benéfico para el Estado se incrementa de dos formas: se les garantiza una plaza a los graduados, y se les obliga a servir por un periodo de tiempo. Al hacer estas dos cosas, se asegura que la inversión que se va a hacer resulte en un beneficio tangible y real para todos.
Garantizar la plaza es simplemente un problema estructural. Las posiciones que se van abriendo se llenan con los graduados del sistema, eliminando otras formas de acceder a ellas. Al igual que se eliminó décadas atrás el acuerdo a los maestros no titulados, en este caso se transaccionaría a un sistema de asignación cerrado eventualmente. Las asignaciones se hacen por escogencia según orden de mérito dentro del área de captación de cada centro de formación superior, dando un incentivo al desempeño académico en la formación.
Al entrar al centro de formación se estructura el pago del estudio por medio de una beca condicional, que se va cancelando con servicio (equivalente en tiempo). Si el servicio no se cumple en su totalidad, se obliga a restituir la porción no devengada por el estado. Esto se logra generando una obligación monetaria exigible (y registrable) tal con se haría en el sector privado. Adicionalmente, se restringiría la contratación en el sector privado hasta terminado el compromiso.
Con esto, garantizaríamos que se pudieran escoger excelentes prospectos para maestros, y que estos sean empleados provechosamente. Se podría dedicar más recursos a formar la menor cantidad de maestros, resultando en una erogación de recursos mucho más eficiente. Se estaría además dando un enorme prestigio a la carrera, del cual se beneficiarían los maestros que ya laboran y -lo más importante- nuestros niños.
