El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, presentó formalmente ante el Congreso Nacional de Honduras dos iniciativas de ley orientadas a endurecer severamente las sanciones penales, multas económicas y medidas administrativas en contra de quienes cometan hurto de energía eléctrica en perjuicio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Entre las peticiones solicita de 4 a 6 años de prisión para los ciudadanos por hurto de electricidad y multas económicas con base en el salario mínimo, y sanciones penales para las grandes empresas y usuarios adinerados. Esta reforma sería en el artículo 369 del Código Penal.
Desde el 20 de febrero de 1957, que fue fundada la ENEE en Honduras durante la Junta Militar de Gobierno, era la “gallina de los huevos de oro”, pero la convirtieron en una piñata hasta la actualidad con los diferentes gobiernos de turno y refugio político para dar empleo a sus correligionarios.
Había sido de las empresas rentables, pero eternamente mal administrada. Con los mejores salarios y un endémico descaro de despilfarro, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, con contratos millonarios por la compra de energía térmica en común acuerdo.
Entre enero y julio de 2026, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumuló un déficit financiero de 11,187 millones de lempiras, debido a que sus ingresos por venta de energía solo cubren el 65 % de sus gastos operativos totales.
Deuda histórica: la empresa acumula pasivos y deudas que superan los 110,000 a 124,000 millones de lempiras, presionando las finanzas públicas del Estado. La ENEE registra 2,177,458 abonados en sus diferentes sectores de consumo.
A los eternos saqueadores de la ENEE deben aplicarles la ley y no al pueblo, que ha sido y sigue siendo víctima con los cobros alterados en un país llamado Honduras.
