Recientes eventos políticos como la aprobación de la ley para organizar y poner en funcionamiento una junta que propondrá candidatos a magistrados de la futura Corte Suprema de Justicia, y el rechazo gubernamental a la lista Engel actualizada, han causado un cataclismo entre la población.
En el primer caso la disposición aprobada permite, entre sus artículos, que activistas políticos y funcionarios puedan postularse como magistrados. Esto nos hace prever a una diosa Temis mal vendada atisbando con el rabo del ojo, de qué color son las vestimentas del acusado.
No pudieron las voces de algunos diputados y diputadas que fustigaron el “actuar desvergonzado” de sus compañeros de cámara, acallar el ruido de la maquinaria puesta en marcha por las bancadas de Libre y el Partido Liberal, aliados en la defensa de sus aviesos intereses. De nada sirvió que abogaran para que prevaleciera la ética en la nominación de los magistrados del supremo tribunal, ya que se impusieron las viejas maniobras partidistas de los listos.
Bajo los parámetros aprobados, la Junta Nominadora deberá proponer al Congreso Nacional, 45 candidatos de los cuales al final se elegirán 15 para componer el pleno de la Corte Suprema de Justicia que regirá por siete años. La junta está obligada a informar, paso a paso, al Congreso Nacional sobre cómo irá el proceso de selección y evaluación de los aspirantes a magistrados.
¡Vaya usted a saber con qué fin! La nueva ley también permite que se autopostulen personas condenadas, pero sin sentencia firme, por delitos dolosos, violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias. Ello supone que un magistrado encausado, aún sin sentencia firme, podría cancelar su propio proceso judicial. Así como quedó la ley pueden ser propuestos como magistrados quienes hayan ostentado cargos públicos en los últimos años o fueron señalados en la lista Engel, la cual rechazó el gobierno de Xiomara Castro, por “intervencionista”.
En el caso de Honduras, la mayoría de sancionados en el documento del Departamento de Estado estadounidense son exfuncionarios de las administraciones de Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. Pero también incluye a actuales directivos del Congreso Nacional quienes se defienden con uñas y dientes de los señalamientos en vez de someterse a una investigación.
El propósito de los Estados Unidos no es solamente suspender visas a las personas enlistadas. Es además, una sugerencia para que sus aliados del Triángulo Norte pongan orden en casa. Si el listado es ignorado por nuestro gobierno, podría generar una fisura diplomática que afectaría iniciativas como la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicih). Ante la entrada en vigor de la controvertida ley, y el rechazo gubernamental a la lista Engel, vale preguntarse: ¿quién salvará ahora al pueblo de la injusticia y la corrupción?
