La familia es la sociedad intermedia más importante. Ninguna otra entidad social cumple con la misma eficacia y eficiencia las tareas de velar por la salud, la educación o la seguridad de sus miembros, solo por mencionar algunos de los aspectos de la vida de un individuo.
Ninguna enfermera cuida a un niño como lo cuida su madre, ningún profesor educa a sus alumnos como los forman sus padres, ningún policía brinda protección a un ciudadano con la misma entereza con que lo harían sus progenitores.
Cada padre, cada madre de familia, conoce de tal modo las virtudes, defectos, temperamento y nivel de sensibilidad de sus hijos que solo él y ella saben cómo lidiar con sus necesidades o con sus apetencias.
Por lo anterior, y por muchas otras cosas, el Estado debe respetar la autonomía de cada una de las familias y, partiendo del principio de subsidiariedad, acudir en su auxilio solo cuando ellas lo requieran o cuando haga falta llevar a cabo una empresa que supere su capacidad material u operativa.
Una familia sola, por ejemplo, no podrá montar un hospital o construir una escuela, pero el Estado, con los impuestos de muchas familias, está obligado a hacerlo.
Lo que el Estado no debe ni puede hacer, a menos que sea un Estado autoritario que irrespeta la autonomía y la libertad de las familias, es invadir ámbitos que no le competen o tomar decisiones que son potestad única y exclusiva de los cónyuges o del núcleo familiar.
Por eso es que cuando un diputado pretende legislar sobre la cantidad de hijos que una pareja desea tener está violentado el principio de subsidiariedad y metiéndose en asuntos que no son de su competencia; incluso cuando señala que es un acto voluntario y que no se busca imponer coercitivamente. Desde el momento que se pone en desventaja a los matrimonios y parejas que han optado por procrear tres o más hijos y se ofrecen premios y prebendas a los que acepten la “castración voluntaria”, se está cometiendo un exceso legal y creando grupos privilegiados y marginando a otros de algunos beneficios sociales.
Mientras en el mundo civilizado se favorece a las familias numerosas y se ayuda a los padres de tres o más hijos a sacar adelante a la prole, aquí se propone castigarlas. Encima, se nos pone de ejemplo a China continental, como si ese país fuera un referente en políticas familiares, cuando todos sabemos que es todo lo contrario.
