La crisis del sistema de salud pública en San Pedro Sula y el Valle de Sula ha derivado en una emergencia social que afecta de manera desproporcionada a las familias en situación de pobreza, a ellos en primera instancia y en segunda a un buen porcentaje de personas con mayor poder adquisitivo.
La combinación del desabastecimiento de los insumos más básicos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, la mora quirúrgica acumulada y la lentitud en la ejecución presupuestaria, condena a los pacientes más vulnerables a asumir gastos de bolsillo impagables o suspender tratamientos vitales.
Ante las acciones más urgentes para mitigar este impacto social, valdría indagar posibilidades como, por ejemplo, descentralizar las compras médicas, establecer auditorías digitales en tiempo real y fortalecer la atención primaria en los municipios de mayor riesgo.
El diagnóstico de la atención hospitalaria en el norte de Honduras ya no admite eufemismos. En centros neurálgicos como el Hospital Mario Catarino Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, de San Pedro Sula, el desabastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos esenciales, genera interrupciones constantes en la atención diaria.
La causa de este cuello de botella no radica únicamente en limitaciones presupuestarias globales, sino en procesos de licitación pública centralizados en Tegucigalpa que sufren retrasos burocráticos de hasta seis meses, descoordinando la llegada de insumos con los picos epidemiológicos de la región Norte.
A esta traba administrativa se suma la presión demográfica que soporta el departamento de Cortés. Al operar como el principal nodo receptor de emergencias médicas para los departamentos de Yoro, Santa Bárbara y Copán, la capacidad instalada del Valle de Sula sobrepasa de manera recurrente el 150% de ocupación en salas de internamiento y urgencias, colapsando los servicios básicos y agotando los inventarios proyectados para todo el trimestre en cuestión de semanas.
Cuando un hospital público carece de hilo para suturar, anestésicos, reactivos de laboratorio o soluciones salinas, la carga financiera recae íntegramente sobre el familiar del paciente que viene de hogares que sobreviven con el salario mínimo o en la informalidad, pero se ven obligados a destinar entre el 40% y el 70% de sus ingresos mensuales para adquirir medicamentos en farmacias privadas antes de que su familiar pueda ingresar a un quirófano.
A esa solución se suma la suspensión reiterada de cirugías electivas debido a la falta de quirófanos equipados que provoca que padecimientos tratables degeneren en discapacidades permanentes o cuadros agudos de emergencia, incrementando la mortalidad evitable en pacientes con enfermedades crónicas u oncológicas.
Pero más allá de una emergencia parcial con tendencia a crónica, se suman colaterales como la pérdida de productividad laboral y la migración forzada, por ejemplo: para los trabajadores en el sector informal, en empresas y agricultores de la zona, días de hospitalización sin atención efectiva significan la pérdida inmediata del sustento diario.
Ante la imposibilidad de costear la medicina privada, familias enteras se ven obligadas a vender sus escasos bienes o a considerar la migración irregular como última alternativa frente a la desatención médica.
Ante aristas como las planteadas y contrastando los, al menos 2.2 millones de habitantes en el Valle de Sula, el Estado debería facultar a las direcciones regionales de salud y a los comités médicos de esta zona del país para realizar compras directas y transparentes de medicamentos esenciales bajo techos presupuestarios preaprobados.
Además, ante tantas posibilidades que brinda la tecnología, deberían implementarse plataformas informáticas de datos abiertos que rastreen la cadena de suministro desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, previniendo fugas y pérdidas de inventario.
Igual válido fortalecer los centros de salud de atención primaria en municipios como Choloma, La Lima y El Progreso para descongestionar las salas de urgencias del Mario Catarino Rivas.
El reactivo detonante del sistema
Al colapso endémico del sistema sanitario se suma otro detonador, que ningún aparato estatal hospitalario puede funcionar de manera eficiente si el personal médico y de enfermería opera bajo incertidumbre salarial.
Garantizar transferencias presupuestarias fluidas para el pago puntual de sueldos y la formalización de contratos es el primer paso indispensable para poner fin a las asambleas informativas y devolver la continuidad operativa a los quirófanos y salas de consulta.
Así pues, que el deterioro del sistema de salud en el norte de Honduras no es una fatalidad inevitable ni un problema exclusivo de presupuesto; es el resultado de un modelo de gestión centralizado que ha desconectado la toma de decisiones de la realidad hospitalaria de nuestras comunidades.
La transformación requiere superar los parches coyunturales y establecer un verdadero pacto regional por la salud pública. Esto implica acelerar la descentralización de los procesos de licitación, adoptar herramientas de auditoría e inventario en tiempo real para garantizar la transparencia en la entrega de insumos, y fortalecer la red primaria de atención en municipios del Valle de Sula porque cada día de retraso administrativo se traduce en cirugías suspendidas y en familias arrastradas a la pobreza por gastos de bolsillo.
La salud pública del Valle no puede continuar operando en cuidados intensivos. Debe garantizarse un sistema hospitalario eficiente, abastecido y humano, pues es la prueba de fuego de la gestión pública en Honduras y una condición indispensable para preservar la dignidad y el futuro de nuestra población.
