El Congreso Nacional de la república emitió hace unas semanas un decreto que otorga amnistía tributaria hasta el día 29 de diciembre de 2016 sobre los recargos, multas e intereses en los impuestos municipales de las corporaciones de todo el país.
Es de lato conocimiento que la mayoría de las Corporaciones Municipales sobreviven con paupérrimos presupuestos anuales, y si a ello se le suma la mala administración de los recursos, los municipios se posicionan en escenarios de carencias permanentes.
Son múltiples los factores que se oponen a que la ciudadanía no sea puntual en sus obligaciones tributarias; entre otros, es que no existe una cultura de pago, la gente está desempleada y además no tiene certeza de que al hacer sus pagos estos sean utilizados de manera transparente en la administración municipal.
El ciudadano común se ve en la dificultad permanente de llevar el pan a la mesa de su familia por el alto costo de la canasta básica y por el aparejado alto índice de desempleo, por lo cual debe decidir entre dar de comer a sus hijos o pagar impuestos. Es claro cuál es la decisión que se toma.
Ante ello, el Estado trata de fomentar e incentivar el pago de los tributos a través de amnistías como la referida, sin que ello siempre resulte en éxito pleno en el apartado de recaudación de impuestos de las corporaciones municipales. De estadísticas recientes se puede colegir, por ejemplo, que los hondureños pagamos el impuesto sobre la venta más alto de Centroamérica y el séptimo más elevado de Latinoamérica.
Ello significa que la masa poblacional se ve asfixiada por políticas neoliberales que por más que se maquillen y se hable de ellas de manera rimbombante en salones aristocráticos no se concretan en la realidad cotidiana de la economía familiar del ciudadano. Así que con este incentivo de amnistía las alcaldías pretenden a lo menos recuperar el capital en materia de impuestos municipales.
