San Pedro Sula, Honduras.
Se ha lanzado como un globo sonda, las pretensiones de algunos grupos o grupúsculos para instituir en nuestro sistema legal la figura de la reelección presidencial, como si ello no constituyera un delito de traición a la Patria tal como así lo establece nuestro ordenamiento legal que lo castiga con penas severas, y por mandato expreso de nuestra Constitución Política que lo prohíbe expresamente, yendo más allá al disponer la irreformabilidad de varias disposiciones, incluyendo la prohibición de reelección; lo que equivale a decir sencilla y categóricamente que dentro de nuestro marco constitucional no existe ninguna posibilidad de reforma de aquellos preceptos que la doctrina italiana denomina “pétreos”.
Para implementar lo anterior, estos grupos interesados se aferran unos, en la figura del plebiscito para reformar nuestra Ley Fundamental bajo el alegato que el pueblo es soberano, y otros, en una estrategia -ilegal por supuesto- para interpretar mediante una maquinación odiosa el texto constitucional, como equivocadamente lo han hecho otros países como Nicaragua que utilizó la Sala de lo Constitucional para tenderle a la reforma un velo de legalidad, que no la tiene. Las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección presidencial no pueden reformarse, aun utilizándose cualquiera de los subterfugios indicados anteriormente, y si esto se hiciere adolecería del vicio de inconstitucionalidad por quebrantamiento de los principios fundamentales de la Ley Suprema de la nación.
Estos bárbaros aducen para pretextar sus ilegales pretensiones que la reelección existe en países con tradición democrática como la estadounidense, lo que si bien es cierto, también lo es que en dicho país impera un efectivo sistema institucional de frenos y contrapesos, entre otros el Senado, el rol activo que dentro de la democracia norteamericana juega la Corte Suprema y la estructura federal de la nación, que se contraponen a una eventual acumulación de poder, como actualmente lo vemos hoy día al impedir la labor del presidente Obama en la ejecución per se de medidas a favor de la reforma migratoria, lo que en Honduras no podría suceder por existir de antaño un presidencialismo cuasi autoritario, asociado al caudillismo, sin controles constitucionales, y en donde no existe una verdadera división de poderes.
Una reforma constitucional como la pretendida, debe obedecer a motivos profundos, teniendo como mira los altos intereses nacionales, no debe circunscribirse a las pasiones que despierta una coyuntura. La Constitución no se puede reformar obedeciendo los deseos de continuismo de nadie, sobre todo de aquellos a quienes se “les quema la miel” por regresar a la Casa de Gobierno, so pena de declararlos traidores a la Patria como delito imprescriptible.
