Las adquisiciones del Estado para operar o invertir son (aparte de los salarios) la mayor causa de erogación de fondos públicos. Su naturaleza es muy compleja, ya que abarca decenas de miles de tipos de artículos, de costos que van desde los centavos a las decenas de millones. Otras variables que lo hacen más complejo incluyen servicios, mantenimiento, entregas en puntos geográficos distintos, inventarios garantizados, etc. Sin descontar el efecto de funcionarios venales coludidos con proveedores inescrupulosos, la enorme escala y complejidad crea desafíos que continúan creciendo con el tiempo.
Un desafío importante es derivado del tamaño. Una manera interesante de ver su manejo es un dial, que puede aumentar o disminuir la centralización. En un extremo A se puede dar mayor énfasis al control, promoviendo la centralización de los procesos.
Esto abarca reservar las decisiones al nivel más alto posible y tener mecanismos de control rigurosos. Esto resulta en burocratizar y reducir eficiencia (al estar más lejos del usuario), aumentando el desperdicio y la lentitud.
En el otro extremo B se puede asignar presupuesto a los niveles más cercanos de la operación y dejar que ellos manejen sus erogaciones. El efecto negativo aquí es una mayor probabilidad de corrupción, adquisición de productos inadecuados y gasto excesivo. En ambos casos existe el problema de falta de incentivo institucional al buen manejo de recursos, ya que a nadie se le paga por su resultado presupuestario, eficiencia en gasto o cumplimiento de metas con menos recursos. Se le suma a esto el efecto de mecanismos estatales que son inmóviles y con poca capacidad de crecer, contrapuestos a demandas y complejidad creciente.
Buscar un equilibrio óptimo es difícil en esas condiciones.
