De la concentración de tierra pública en Honduras, el mayor beneficio en desarrollo se obtuvo con las compañías bananeras. Esta solución adolecía de una falla importante, ya que la intención de generar una concentración de capital es que este fuera nacional y permanente.
Al tratarse de empresas extranjeras que operaban como enclave, buena parte de la acumulación se llevaba a otras latitudes, por lo que no permitía un despegue económico.
Luego se pasó a un modelo en el que el Estado se volvía en el acumulador (o promotor). Esto funcionaba a través de nacionalizar empresas de servicios públicos, construir institutos de previsión que directamente controlaran operaciones, y desarrollar una reforma agraria colectiva bajo la sombra del poder público. Este modelo, si bien creaba una base más amplia de participación, no generaba los incentivos para el buen manejo por lo que los procesos de acumulación no se volvían sostenibles.
Una experiencia muy negativa fue usar la capacidad de endeudamiento del Estado para financiar el desarrollo de la acumulación privada. Conadi (representaba el corazón de este plan, y fallo por que el estado tenía todo el riesgo en las inversiones. No se puede acumular capital de forma sostenida si este es generado por la especulación y no un proceso productivo.
La segunda versión de esta operación de potenciar el sector privado con los recursos y bienes públicos ocurrió en los 90. Se vendieron las empresas públicas a precios bajos, se sustituyó su función a precios elevados, y se sacrificó el fisco creando regimos de exoneraciones para facilitar el desarrollo de rubros. En este caso, se lograron desarrollar algunos sectores, pero igual que en el caso anterior las perdidas por corrupción e ineficiencia fueron altísimas.
