La lista negra

La congresista Norma Torres de la Cámara Baja de los Estados Unidos recientemente introdujo una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que obligaría al secretario de Estado a elaborar una lista e informe al Congreso de la identidad de los funcionarios gubernamentales de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que lo integran Guatemala, El Salvador y Honduras, involucrados en actos de corrupción y tráfico de drogas, lo que fue aprobado por la Cámara de Representantes, en los momentos en que las redes criminales y de delincuencia organizada en Centroamérica, especialmente en Honduras, han intensificado sus esfuerzos a través de sus nexos con la clase política para revertir las acciones contra la corrupción, llegando inclusive a contratar firmas de cabildeo en Washington para influir en las políticas que ejerce los Estados Unidos en Centroamérica tratando de nulificarlas.

De acuerdo con la indicada congresista, en los tres países centroamericanos el Legislativo ha aprobado leyes que tienen como propósito el debilitamiento de las penas por corrupción, como se ha dado en nuestro país con la reforma de varios preceptos legales en un afán de autoprotegerse de una persecución penal como resultado de las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) dentro del marco de sus atribuciones. En esta forma, los diputados hondureños efectuaron un injerto a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República reformando dos de sus preceptos generales pretendiendo eximirse de las fechorías cometidas desde el año 2006 hasta 2018, lo que incluye, entre otros casos, el desfalco al Seguro Social y la aprobación de unos leoninos contratos de energía solar.

Tendiéndose en este lapso un velo de impunidad, extensivo a los altos funcionarios de la nación, entre estos el Presidente de la república, ministros o secretarios de Estado, directores generales y asesores. En su indicada exposición, la congresista Torres sostuvo que “no debería sorprendernos que los funcionarios corruptos en Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción… y debemos hombro con hombro perseguir a estos malos ciudadanos”, reiteró. Esta importante enmienda a la ley, que recibió el apoyo bipartidista del Congreso estadounidense, pretende no solamente reforzar el trabajo anticorrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador, sino que conocer de primera mano los nombres de los altos funcionarios corruptos y proteger el financiamiento y la subsistencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y de la Maccih en Honduras, únicos organismos en Centroamérica que hasta la fecha han mostrado en este contexto avances muy significativos, pero que están en la mira de los funcionarios ligados a las redes de corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico, quienes tratan de enervar sus efectos para evitar su enjuiciamiento y una eventual o futura extradición.