The New York Times
Por: Mitra Taj/The New York Times
LIMA, Perú — Jorge Tejada examinaba los restos calcinados de un autobús cerca de su negocio de reciclaje en Lima. Había sido incendiado durante la noche en lo que los residentes describieron como una represalia de una pandilla que extorsionaba a las compañías locales de autobuses.
Tejada, de 50 años, ha perdido la cuenta de cuántos ataques como este han azotado su barrio en el último año. Explosivos detonando en almacenes. Restaurantes acribillados a balazos. Su propio patio de reciclaje fue incendiado después de que ignoró la exigencia de una pandilla de pagar 530 dólares mensuales.
Varios dueños de tiendas se han escondido, agregó. Y un farmacéutico fue asesinado a tiros detrás del mostrador de otra tienda.
“Esta solía ser una zona tranquila”, dijo Tejada. “Ahora todos vivimos con miedo aquí”.
Extorsiones
Perú enfrenta una ola de delincuencia extraordinaria, impulsada por un aumento en los esquemas de extorsión a medida que las pandillas ejercen un control cada vez mayor sobre las zonas urbanas.
Las denuncias de extorsión se han disparado desde el 2017, pasando de unos cuantos cientos al año a más de 2 mil al mes este año, dice la policía nacional.
Y el número de asesinatos cometidos por sicarios también ha aumentado significativamente en los últimos años.
Las víctimas reciben solicitudes de pago por protección vía mensajes de WhatsApp, notas escritas a mano o visitas en persona.
Las represalias contra quienes no pagan se basan en ataques con dinamita o incendios provocados, u hombres armados en motocicletas que asesinan a las víctimas en las calles.
La epidemia de delincuencia ha rebasado a las autoridades y amenaza con transformar un País latinoamericano relativamente tranquilo en una fuente de inestabilidad regional. El banco central advirtió que la delincuencia estaba frenando el crecimiento económico, y los expertos afirman que está contribuyendo al aumento de la migración.
En uno de los peores episodios de violencia, en mayo fueron hallados los cuerpos de 13 mineros en un yacimiento de oro operado por la mayor empresa minera de ese metal de Perú, una masacre que, según las autoridades, fue orquestada por el líder de una pandilla.
Los esfuerzos de Dina Boluarte, la Presidenta de Perú, por abordar la violencia mediante la imposición de estados de emergencia parecen haber tenido poco efecto en el control de la delincuencia. Boluarte ha sugerido que los crecientes niveles de delincuencia son en parte resultado del gran número de inmigrantes venezolanos que han llegado al País en los últimos años, aunque no hay evidencia de que cometan delitos en tasas más altas que los peruanos.
Los detractores afirman que Boluarte y los legisladores han contribuido a la crisis delictiva al impulsar leyes destinadas a protegerse del enjuiciamiento. Ella está siendo investigada por posibles cargos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ha negado cualquier irregularidad.
Los más afectados por las redes de extorsión son los trabajadores pobres y los pequeños empresarios, que dependen de una fuerza policial con escasez de personal y que también se ha visto afectada por la corrupción.
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