The New York Times
Por: Elisabeth Bumiller/The New York Times
FRESNO, California — A los agricultores del Valle Central de California les gusta decir que alimentan al mundo, y no es una exageración.
El valle se extiende 725 fértiles kilómetros desde Bakersfield, al sur, hasta Redding, al norte, produce aproximadamente el 40 por ciento de las frutas, verduras y nueces cultivadas en Estados Unidos y exporta la mitad de ello al extranjero. La agricultura californiana, en general, es un negocio anual de 60 mil millones de dólares.
También es un sector que el Presidente Donald J. Trump ha sumido en la confusión. Apenas en las últimas semanas ha ofrecido vagos destellos de esperanza.
Cuando agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron el mes pasado en granjas y plantas empacadoras del condado de Ventura, al sur del Valle Central, cundió el pánico en el valle, donde se estima que el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas son indocumentados.
Los agricultores de la zona, la mayoría de los cuales votaron por Trump y esperaban que los protegiera, estaban furiosos.
“Me encantaría convocar una huelga general”, dijo Vernon, quien se encontraba entre sus ciruelos cerca de Kingsburg en una calurosa mañana reciente. “¡Dejemos de alimentar a Estados Unidos una semana!”. Pidió que sólo se usara su nombre de pila debido a los trabajadores indocumentados que emplea.
Redadas
Manuel Cunha Jr., presidente de la Liga de Agricultores Nisei, que representa a 500 agricultores y más de 75 mil trabajadores agrícolas, principalmente en la región del Valle Central, está preocupado. “Si se realiza una sola redada de la Patrulla Fronteriza, estamos perdidos”, dijo. “Porque nadie irá a trabajar a ningún campo ni a ninguna planta empacadora”.
Eso fue lo que ocurrió el 7 de enero, el día después de que se certificó la victoria electoral de Trump, cuando hubo redadas en los alrededores de Bakersfield. ICE y la Patrulla Fronteriza declararon entonces que la acción involucraba “arrestos selectivos de personas involucradas en contrabando”.
Lo peor ahora, dijo Cunha, son los mensajes encontrados de la Administración Trump en pleno apogeo de la cosecha de este verano, cuando los agricultores temen no tener suficientes trabajadores para recolectar las ciruelas, duraznos, nectarinas y chabacanos de los árboles antes de que se pudran.
Para intentar calmar los temores, la organización de Cunha ha publicado avisos aconsejando a los trabajadores cómo evitar encuentros con las autoridades de inmigración, que no tienen permitido ingresar a las granjas sin orden judicial. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza y el ICE pueden detener a los trabajadores en los caminos. Se ha dicho a los trabajadores que se quiten los sombreros y paliacates, que los delataría como trabajadores agrícolas, una vez que dejan los campos. También que mantengan sus placas al día, cambien sus rutas y no viajen con desconocidos.
Un día después de las redadas en Ventura, Trump declaró que “nuestros agricultores están resultando gravemente perjudicados” y prometió ayuda, pero cuatro días después, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las redadas continuarían. Cuatro días después, Trump volvió a afirmar que no quería perjudicar a los agricultores y planteó una vaga iniciativa para “dejar que los agricultores asuman la responsabilidad” de sus trabajadores.
Cunha y su equipo quedaron desconcertados. “Lo escuchamos, creo, unas tres o cuatro horas”, dijo. Había planeado enviar la declaración del Presidente a los agricultores y trabajadores agrícolas. “Decidimos no hacerlo. Las palabras no son claras”.
Cunha se mostró más optimista tras escuchar al Presidente prometer en Florida este mes que su Administración estaba trabajando en un sistema para “registrar” a los trabajadores agrícolas para que “puedan estar aquí legalmente, pagar impuestos y todo lo demás”. Los trabajadores agrícolas, añadió el Presidente, “no obtendrán la ciudadanía, pero sí otras cosas, y los agricultores los necesitan para trabajar. Sin esas personas, no podrán operar sus granjas”.
Pero más tarde, Brooke Rollins, la Secretaria de Agricultura, declaró que no habría amnistía para los trabajadores agrícolas indocumentados y que las deportaciones masivas continuarían, pero “de forma estratégica e intencional”.
Cunha dijo no entender a qué se refería.
Vernon, un republicano que votó por Trump, dijo que le gustaría contratar a ciudadanos estadounidenses, pero le ha resultado imposible encontrar a alguien dispuesto a realizar el trabajo.
“No han solicitado trabajo, y no creo que sea un trabajo de bajos ingresos”, dijo. “Si este es un trabajo de bajos ingresos, ¿qué es McDonald’s? Se pagan salarios mucho más bajos que los que pagamos nosotros”.
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