Por: Annie Correal/The New York Times Company
CIUDAD DE MÉXICO — Las naciones centroamericanas llevan mucho tiempo aceptando a sus ciudadanos deportados de Estados Unidos, pero ahora la Administración Trump les ha pedido que acepten también a personas de otros países del mundo.
Las medidas extraordinarias involucradas en estas deportaciones —cientos de migrantes trasladados en avión sin conocer su destino y trasladados en autobús a refugios aislados— han desviado la atención a Panamá y Costa Rica y a cómo la ofensiva migratoria de Trump se está desarrollando mucho más allá de las fronteras de EU.
Hasta ahora, el número de migrantes de otros lugares deportados a Centroamérica es pequeño. Los líderes regionales en su mayoría dicen estar cooperando con EU o han minimizado la importancia de las deportaciones. Sin embargo, los analistas advierten que estos líderes han sido presionados con la amenaza de aranceles.
“Están impotentes”, dijo Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, un instituto de investigación en Londres. “Y vimos con el Presidente Petro de Colombia las consecuencias de resistirse: sanciones contra el personal diplomático, pérdida de derechos de visa y aranceles”.
El mes pasado, la Administración Trump envió tres aviones militares con unos 300 migrantes —en su mayoría de Asia y Medio Oriente— a Panamá. Días después, un vuelo con 135 personas, incluyendo docenas de China, Asia Central y Europa del Este, aterrizó en Costa Rica.
Obligados a aceptar migrantes
Los migrantes, que las autoridades estadounidenses dicen cruzaron ilegalmente la frontera sur de EU, permanecerán bajo custodia de las autoridades locales hasta que puedan ser devueltos a sus países o consigan asilo en otro lugar. Enviarlos a otros países elimina muchos de los obstáculos que Trump enfrentó durante su primer mandato al intentar frenar la inmigración ilegal, dicen los analistas.
Ayuda a aliviar el hacinamiento en los centros de detención estadounidenses al expulsar a personas de países como China, Afganistán e Irán, donde la falta de relaciones diplomáticas con EU dificulta las deportaciones. Además, la expulsión inmediata de los migrantes permite a EU eludir las obligaciones legales internacionales de ofrecer asilo a las personas.
Las deportaciones veloces también permiten a la Administración evitar otro obstáculo: bajo la ley estadounidense, las autoridades no pueden detener a niños durante más de 20 días. De los migrantes deportados a Centroamérica, una gran proporción ha sido familias con niños.
En público, los líderes de Centroamérica rechazan la idea de que se les esté obligando a aceptar a los migrantes.
En Panamá, los funcionarios se retratan como socios en materia de migración. Este compromiso surge tras un aumento que desestabilizó a la región en los últimos años, cuando cientos de miles de personas cruzaron a Panamá desde Colombia.
Costa Rica ha minimizado su decisión de recibir a personas de países lejanos. Los funcionarios dicen que fue una solicitud única de EU.
Aún así, Rodrigo Chaves, el Presidente de Costa Rica, fue franco sobre la motivación de su Gobierno: “Estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte, quien si impone un impuesto a las zonas de libre comercio nos arruinará”, dijo el mes pasado.
Los analistas dicen que es probable que más países de la región reciban deportados de otros países. Los funcionarios de El Salvador y Guatemala han dicho estar dispuestos.
Los funcionarios panameños han declarado no estar actuando bajo amenaza. “No hay quid pro quo, no hay amenazas”, dijo Carlos Ruiz-Hernández, Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá.
Aceptar los vuelos de migrantes es una expansión de un trato de mediados del 2024 entre Panamá y EU para frenar la migración, dijo.
Los analistas dicen que no está claro si estas naciones centroamericanas están recibiendo mucho a cambio de su cooperación. El incentivo, dijo Sabatini, parece ser salvaguardar sus economías contra represalias de Trump, quien ha impuesto aranceles elevados a aliados cercanos.
En el clima de miedo, conciliar y mantener el acceso parecen ser la respuesta de Latinoamérica, dijo.
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