Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis institucional debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición como consecuencia de un decreto aprobado en enero pasado por el presidente Daniel Ortega.
La Asamblea Legislativa se mantiene paralizada desde el pasado 24 de febrero y este año sólo ha aprobado una ley -para defender a los morosos de sus deudas con los bancos- debido a las marcadas diferencias entre los sandinistas y los liberales por el decreto que prorroga en el cargo a autoridades con mandatos que expiran este año.
La crisis alcanzó de pleno esta semana a la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados sandinistas y liberales se desautorizan entre sí; se acusan mutuamente de “matones” y hasta se dan ultimátums para abandonar las oficinas de ese poder del Estado, que es tierra de nadie.
La crisis en la Corte Suprema, que la prensa local ha calificado como “circo”, llega ya a las estructuras menores del Poder Judicial, y trabajadores de juzgados y tribunales de Managua anunciaron marchas en favor de los magistrados sandinistas.
“La verdad es que ya estamos en una situación de facto en este país”, dijo a periodistas el ex magistrado Alejandro Serrano Caldera tras destacar que en la Corte Suprema existe una guerra de carácter político entre sandinistas y opositores que “no debería existir en un órgano jurisdiccional y constitucional”.
El presidente Daniel Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, en la víspera del inicio del actual período legislativo, a diez magistrados del Consejo Supremo Electoral, tres de la Corte Suprema, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finaliza este año, facultad que corresponde al Parlamento.
Ortega aprobó el decreto después de que la oposición llegara a un pacto en noviembre pasado para no ratificar ni renovar en la Asamblea a las autoridades que concluían mandato, mientras no se escoja para esos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo con los preceptos constitucionales.
Mientras el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente, el Parlamento funciona a medio gas desde octubre pasado, cuando comenzó a gestarse la actual crisis después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema declararon inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.
El fallo dictado en una sesión repentina, celebrada sin los magistrados liberales miembros de la Sala Constitucional y con sustitutos, fue criticado por la oposición, que prometió entonces unidad para contrarrestarlo.
El presidente del Parlamento de Nicaragua, el sandinista René Núñez, negó ayer la validez de una sesión celebrada el martes pasado por diputados opositores en la que enviaron a comisión un proyecto de ley para dejar sin efecto el controvertido decreto.
“El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, no ha aceptado como legal la reunión en un hotel capitalino y ayer lo que hicimos -en el Congreso- fue apelar al espíritu patriótico de los diputados y diputadas”, dijo Núñez, al Canal 12 local, en el primer día sin altercados tras una semana de protestas violentas.
“La ley orgánica de la Asamblea Nacional es clara al respecto”, dijo, en referencia a que el presidente del Congreso es el único autorizado para convocar y fijar otro lugar para celebrar una sesión del Parlamento.
Fuego cruzado
Los sandinistas acusan de boicotear el trabajo del Ejecutivo a los opositores, y éstos dicen que el Presidente quiere instaurar una dictadura institucional en este país.
“En Nicaragua estamos asistiendo a una lucha por el poder, intensa”, reconoció el ideólogo sandinista William Grigsby al comentar la situación en un documento distribuido por el Gobierno.
“En el actual estado de cosas hay una lucha política para ver quién, finalmente, tiene los magistrados en la Corte Suprema y quién tiene los magistrados en los otros poderes del Estado. Hay una lucha política por controlar esos distintos instrumentos de poder”, afirmó Grigsby, también director de la emisora La Primerísima.
Los sandinistas no tienen mayoría en el Congreso para elegir o ratificar a esos funcionarios y recurrieron a un decreto y a un artículo de la Constitución de 1987 -que para la oposición es transitorio- para defender que los magistrados permanezcan en sus cargos hasta que sean nombrados sus sustitutos.
La pugna entre ambas fuerzas antagónicas en la Corte Suprema ha llevado a magistrados sandinistas a avalar, mediante sentencia, el decreto aprobado por Ortega, y a los jueces liberales a rechazarlo.
Para el sandinista Dionisio Marenco, ex alcalde de Managua, la actual crisis se resolvería si las diversas fuerzas políticas en el Congreso negociaran y eligieran cuanto antes a esos funcionarios.
Marenco, distanciado políticamente de Ortega aunque aún militante de su partido, pronosticó en declaraciones a periodistas que la elección de esos funcionarios va a ocurrir cuando se ponga más tensa la situación, porque, dijo, los políticos nicaragüenses están acostumbrados a negociar “al borde del abismo”.
El Ejército de Nicaragua ha dicho que se mantendrá “ajeno” a las pugnas políticas que sostienen el oficialismo y la oposición.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó ayer su preocupación por la crisis institucional y pidió a las fuerzas políticas un pacto social para la nación.
“El momento crítico que se vive sólo es superable por un diálogo transparente entre las fuerzas políticas y sociedad civil, que conlleve a un consenso y un nuevo pacto social que asegure estabilidad en el país”, indicaron los obispos en una carta pastoral.
Calificaron como inaceptable que se intente resolver la actual crisis conspirando a espaldas del pueblo a través de pactos de cúpulas que buscan sólo sus propios intereses y el reparto de cuotas de poder o a través de medios violentos.
EUA expresa preocupación por violencia en Nicaragua
Washington. Estados Unidos expresó ayer su preocupación porque los disturbios en Nicaragua puedan impedir el proceso democrático político, socave los derechos humanos y erosione el Estado de derecho y dijo que apoyaría una mediación de la OEA.
“Urgimos al Gobierno de Nicaragua a tomar pasos para poner fin a los disturbios y a la Policía a garantizar la seguridad de todos los nicaragüenses”, señaló el portavoz del Departamento de Estado de EUA, Philip Crowley, en su rueda de prensa diaria.
El hostigamiento y la interrupción de la actividad de la Asamblea Nacional -sitiada durante dos días por simpatizantes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega- y del trabajo los legisladores “solamente debilitan el funcionamiento de las instituciones que son vitales para la democracia nicaragüense”, recalcó. Crowley quiso dar más peso a sus palabras al recordar la preocupación que habían expresado también el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, y la comunidad de empresarios por la crisis política que atraviesa el país.
Insulza expresó el miércoles su “profunda preocupación” por los incidentes violentos ocurridos en el Parlamento de Nicaragua y defendió la necesidad de preservar la institucionalidad y de respetar a las distintas autoridades constituidas.
Pero el Gobierno sandinista pidió el jueves a Insulza no inmiscuirse en los asuntos internos del país.
