La Policía Civil chilena destituyó a nueve efectivos en prisión preventiva involucrados en una red de corrupción que, con la ayuda de funcionarios del Poder Judicial, beneficiaba a delincuentes a cambio de dinero, informó ayer la prensa local.
La medida fue adoptada el viernes por el director de la institución, Arturo Herrera, quien dijo sentir 'dolor y vergüenza' por el actuar ilícito de los efectivos en la que ha sido considerada como la mayor red de corrupción policial-judicial de Chile en los últimos años.
Se trata hasta el momento de 20 funcionarios tanto de la Policía Civil -11 de ellos ya en prisión- como del Poder Judicial y el Servicio Médico Legal que fueron imputados por cohecho, delito informático y asociación ilícita.
Ayer fueron detenidos los últimos dos policías involucrados en el caso. El resto de los miembros de la red fueron arrestados, notificados y puestos en prisión entre el viernes y la madrugada del sábado.
La organización ayudaba a liberar de sus cargos a delincuentes que pagaban a cambio entre 500 y 6 mil dólares. Los servicios iban desde robo de expedientes y cambios de muestra de alcoholemia hasta eliminación de órdenes de arraigo y falsificación de resoluciones judiciales.
