El nuevo decreto del presidente Donald Trump que cierra las fronteras a inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes entra en vigor el jueves, pero antes será puesto a prueba en las primeras audiencias judiciales previstas para el miércoles.
El primero de los decretos migratorios, firmado el pasado 27 de enero, resultó bloqueado por la justicia, y la Casa Blanca ensayó con una nueva redacción para evitar correr esa misma suerte, pero la batalla legal de ninguna manera será fácil.
Dos cortes federales, una en Hawái (en el Pacífico) y otra en Maryland (este del país) realizarán audiencias de urgencia sobre esta nueva orden ejecutiva, un día antes de su prevista entrada en vigencia.
El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días- cierra las fronteras a los refugiados por 120 días y congela las visas a viajeros de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días. Irak fue retirado de la primera lista.
Trump ya afirmó que esta nueva versión del decreto anti-inmigrante corrige aspectos poco claros de la primera edición, y por lo tanto confía que será prácticamente imposible que una corte decida la suspensión de sus efectos.
El estado de Washington, junto a los estados de California, Massachusetts, Oregon, Maryland y Nueva York, sometió el caso el lunes ante James Robart, un juez federal de Seattle que había tenido un papel esencial en el bloqueo del primer decreto presidencial.
En Hawái (tierra natal del ex presidente Barack Obama y un bastión del Partido Demócrata), la fiscalía presentó un alegato formal ante un juez federal, quien convocó a una audiencia urgente para el miércoles.
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
En contrapartida, la legión de abogados del Departamento de Justicia está lista para recorrer tribunales en defensa de la decisión presidencial de cerrar las fronteras del país a refugiados e inmigrantes de los seis países afectados por el decreto.
A diferencia del primer decreto, que tenía vigencia inmediata y generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país, esta vez el gobierno retrasó en algunos días la entrada en vigor para preparar a su tropa y tenerla lista para las batallas legales que se avecinan.
El Departamento de Justicia envió una carta al juez federal de Hawái que convocó a la audiencia para el miércoles, en la que presentó su defensa y adelantó el argumento central que el gobierno utilizará en los tribunales.