Hasta pulperías sufren por los cobros ilegales

Cámaras de comercio revelan los montos que pagan las empresas de distintas actividades económicas para tener su permiso de operación de las municipalidades.

SECTOR. Unas doce alcaldías en seis departamentos establecen cobros adicionales a las pulperías para darles su licencia de operación. Foto: Moises Valenzuela.
SECTOR. Unas doce alcaldías en seis departamentos establecen cobros adicionales a las pulperías para darles su licencia de operación. Foto: Moises Valenzuela.

SAN PEDRO SULA.

Son decenas de municipalidades que imponen cobros adicionales en actividades selectivas cuando las empresas van a tramitar o renovar sus permisos de operación.

Conforme a lo establecido en los planes de arbitrios, la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras) ha detectado que hasta pulperías de 12 municipios deben pagar montos fuera de los ya establecidos cuando gestionan este documento extendido por las alcaldías para garantizar que la empresa funciona conforme a las leyes municipales.

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Lempiras por manguera.Cobro que hace la alcaldía de San Francisco de Yojoa a las gasolineras para darles sus permisos de operación.

El permiso de operación deriva luego de que una empresa ha declarado y pagado el impuesto de industria, comercio y servicios, que es una tasación sobre el impuesto sobre ventas (ISV) que la empresa -como agente retenedor del impuesto- cobra al comprador de los bienes y después entera al Estado.

De igual forma, estos cobros ilegales afectan a supermercados, restaurantes, farmacias, granjas avícolas, granjas piscícolas y otras actividades económicas.

“Algunas autoridades municipales han visto que la mejor forma de hacer negocios y de captar fondos es en el que está invirtiendo y arriesgando todo. La mayor parte de los negocios trabaja con financiamiento con los bancos, pero las municipalidades miran quién inició un negocio para cobrarle impuestos, que en realidad yo lo llamo extorsión, porque son impuestos disfrazados de tasas municipales”, aseguró Cruz López, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Yojoa.

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Diálogo. Directivos del Cohep, cámaras de comercio, Amhon y Gobierno en la reunión de ayer.

En este municipio, para que una granja avícola reciba su permiso de operación, debe pagar L400,000 y para los exportadores propietarios de granjas piscícolas los montos suman medio millón de lempiras.

“No es contra un alcalde, luchamos para que se cumpla la ley y contra el ahogamiento que le están haciendo a la empresa privada de una manera exagerada. En este municipio tenemos el 80% de la producción alimentaria del país y con esto están poniéndola en detrimento”, agregó Cruz.

Las municipalidades son administradoras, no generadoras de riqueza, pero muchas no ven ese aspecto.

Cruz López, presidente de la CCISCY

El dirigente gremial participó junto con otros representantes de las cámaras de comercio en la reunión que presidió la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ayer en Tegucigalpa.

En la misma asistieron también integrantes de Fedecámara, Poder Ejecutivo, Gobierno y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), para dialogar sobre las controversias que han generado las tasas que aplican algunas municipalidades, que según el sector privado, son cobros ilegales disfrazados.

Honduras es el país de la región con el gasto tributario más alto de CA, es decir las exoneraciones más altas.

Miriam Guzmán,directora del SAR

“Hay anuencia de parte de todos los sectores para que juntos revisemos todo lo que se haya que revisar dentro de las leyes municipales y de los planes de arbitrios, y hacer esa agenda que nos permita tener municipios competitivos y municipalidades fortalecidas”, comentó Alberto Bográn, directivo del Cohep.

Como un avance de la reunión de ayer, los asistentes dieron forma a una mesa técnica que continuará con el trabajo mañana en busca de crear las condiciones necesarias para que haya inversiones y proteger las ya existentes en los municipios.

Reacciones

El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, con reacción a la publicación de LA PRENSA de ayer, en la que se reveló que el 44% de las ganancias de una empresa van al pago de impuestos, vinculó la carga tributaria a la decisión de algunas empresas de cerrar o mudar sus operaciones a otros países.

“Estamos en una economía abierta, donde la mayoría de los países con los que estamos compitiendo y que son nuestros vecinos, tienen igual o más incentivos fiscales para las empresas. Prueba de ello es que hemos tenido en el último mes tres empresas que se han marchado”, comentó el empresario durante una comparecencia de prensa tras una reunión de rutina con la junta directiva del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

Es una cantidad importantes de casos de empresas afectadas, la idea es ir resolviéndolos uno por uno.

Alberto Bográn, directivo del Cohep

Miriam Guzmán, directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), al ser abordada por medios de comunicación de la capital, durante un evento de licitación pública internacional para la adquisición del sistema de información integrado, se refirió al malestar del sector privado con la carga tributaria.

“Quiero reiterar que el SAR ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar todos sus servicios y creo que lo brindamos con la calidez y la calidad que todos nuestros usuarios requieren, pero lastimosamente aunque estemos enfocados en un tema de facilitación y de mejora en la asistencia para el cumplimiento tributario, también no podemos negar que tenemos una fase coercitiva a todos aquellos que no lo han hecho de manera apropiada”, dijo la funcionaria.

LEA: Alcaldes y empresas a reunión para aclarar excesivos cobros de tasas

Aseguró que “no es cierto” que en Guatemala exista menor carga tributaria para las empresas con relación a Honduras, y que por ende “es totalmente falso” que ese sea un motivo del cierre de empresas en el país.

“Honduras tiene el gasto más alto de la región, en cuanto a exoneraciones que alcanzan 7% del PIB que significan L40,000 millones que se quedan en las arcas de los particulares que gozan de este beneficio”, agregó.

3 criterios de los empresarios:

1

Forma inadecuada

Las alcaldías han utilizado de forma inadecuada el concepto de “autonomía municipal”, coinciden directivos del sector privado que representan distintas cámaras de comercio.

2

Obstáculos al sector privado

La iniciativa de agilidad en la gestión administrativa se volvió un obstáculo al desarrollo económico de las nuevas empresas y ha puesto en detrimento a las ya existentes.

3

Cobros ilegales

Los empresarios aducen que se crearon fuentes ilegales de ingresos a través de tasas sin la prestación de servicios al amparo de la autonomía que da la Ley de Municipalidades.