Las polémicas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) han sido oficialmente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La decisión, tomada el 20 de septiembre de 2024 y publicada recientemente en el Diario Oficial La Gaceta, invalida desde su origen tanto las Zede como la normativa que las regulaba.
En una votación unánime, los magistrados de la CSJ, con la incorporación de seis suplentes, determinaron que los decretos 236-2012 y 120-2013 vulneraban los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, afectando la organización territorial, el sistema de justicia y el régimen económico del país.
HISTÓRICO: SENTENCIA DE LAS ZEDES
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) November 26, 2024
En un esfuerzo conjunto y patriótico entre el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, hoy reafirmamos que Honduras se gobierna con soberanía, justicia y lealtad al pueblo.
Hemos logrado defender la patria, honrando... pic.twitter.com/bZMICarzFW
La resolución tiene efecto retroactivo, anulando completamente las disposiciones relacionadas con las Zede.
El Congreso Nacional, celebrando el fallo, expresó en sus redes sociales: “Hoy reafirmamos que Honduras se gobierna con soberanía, justicia y lealtad al pueblo. Este triunfo no pertenece a una institución o a un individuo; pertenece al pueblo hondureño”.
Con esto, se subrayó la importancia de proteger el territorio nacional de concesiones o despojos que atenten contra los principios constitucionales.
Las Zede fueron promovidas como territorios con autonomía económica, política y administrativa, diseñadas para atraer inversión extranjera.
Sin embargo, fueron duramente criticadas por diversos sectores, que las catalogaron como un atentado contra la soberanía nacional y una puerta abierta a la privatización del territorio.
El diputado Carlos Umaña, quien se destacó por su oposición a este modelo, celebró la decisión afirmando: “Consumado es. Nuestra Carta Magna regresa a su texto original. Y las Zede son nefasta historia de corrupción; esperamos que los traidores sean juzgados”.
El fallo no solo invalida las Zede y sus normativas, sino que también tiene efectos retroactivos desde su origen. Esto podría abrir la puerta a procesos legales para responsabilizar a quienes impulsaron y gestionaron estos proyectos.
