La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) allanó ayer las oficinas donde se maneja el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional para recabar indicios de presuntos actos de corrupción.
En julio de 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y como producto de la creación de la Ley de Seguridad Poblacional, surge el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF)
“Las denuncias en poder del Ministerio Público apuntan a diversas contrataciones que se hicieron en diferentes años, durante la existencia de la denominada Tasa de Seguridad, que actualmente está en proceso de liquidación”, informó el Ministerio Público en un comunicado.
El ente fiscal estableció que el objetivo de las diligencias “es asegurar información que sea útil”.
Los fiscales buscan documentos y archivos en la dirección, gestión legal, finanzas, adquisiciones y proyectos, monitoreo y seguimiento. El operativo se extenderá durante toda la semana, aseguraron.
TASA DE SEGURIDAD
Desde que entró en vigor hace una década el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido coloquialmente como Tasa de Seguridad o “el tasón”, ha logrado recaudar más de 21,000 millones de lempiras.
Dicho fondo también ha desembolsado una cantidad muy similar en labores para instrumentalizar el combate al crimen y la protección a la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos tiempos, la forma en la que se usan estos fondos ha enfrentado algunos cuestionamientos debido a que ciertos sectores consideran que hay una falta de transparencia, un flagelo que siempre parece rondar a los bienes públicos.
“Creo que el programa ha adolecido por falta de transparencia en el manejo de esos fondos, por lo que la ciudadanía no siente que sus aportes a la Tasa de Seguridad estén siendo bien empleados”, expresó Ernesto Lázarus, quien representó a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) en el comité administrador de estos recursos.
2,719.6 millones de lempiras fueron recaudados en 2019, el año con la mayor recaudación por concepto de Tasa de Seguridad en la última década.
3,016.7 millones de lempiras se desembolsaron del fideicomiso de la Tasa en 2019, el mayor gasto de la pasada década, un año antes de la pandemia del covid-19.
Lázarus manifiesta que en la medida que la inversión de esos fondos sea más transparente, “ayudaría a mantener el apoyo que (la Tasa de Seguridad) necesita”. Merece recordar que los fondos eran administrados, hasta hace poco, por un fideicomiso. El Congreso Nacional eliminó esa figura, tras derogar los artículo 30 y 31 del decreto 105-2011, pero el cobro aún se mantiene. Este apoyo para mantener su funcionamiento se estima ahora necesario si se toma en cuenta que una de las promesas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, su eliminación.
En diciembre de ese mismo año, se crea la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad. El CTF, a su vez, crea el Comité de Administración y Adquisiciones en agosto de 2012 como la entidad encargada del manejo de los fondos que se obtendrían con la Tasa de Seguridad. Algunas voces, como la de Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), han expresado que tanto la autoridad ejecutiva como legislativa se han planteado la eliminación de este tributo.
Ciertas actuaciones del gobierno anterior han echado más leña al debate. Por ejemplo, en declaraciones a los medios ofrecidas a fines de marzo por Pastora Bonilla, directora del Comité de Administraciones y Adquisiciones del fideicomiso en cuestión, la funcionaria reveló que la deuda que mantenía el fondo en ese momento era superior a los 3,800 millones de lempiras, pero cuya liquidación fue cubierta mediante la aplicación de la recientemente derogada Ley de Clasificación de Documentos Públicos cuando esta todavía estaba vigente, en una actuación que arroja dudas sobre su manejo.
En otra instancia, el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso, diputado Rafael Sarmiento (Libre), refirió que cuando las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional asumieron sus cargos, se encontraron con que los fondos del “tasón” se hallaban “comprometidos” durante los próximos siete años, sin que estuviera muy claro de qué manera se estaban atados, una situación que Sarmiento calificó de “lamentable”, a la vez que la achacó al gobierno anterior.
