Alfonso Sánchez (31 años), quien siempre ha soñado con desarrollar una empresa, está decepcionado. El sistema burocrático en vez de darle oportunidades le ha generado problemas, incluso le ha causado pérdidas.
En julio del año pasado, Sánchez, estudiante de Derecho, y su amiga Susan Peña contraron a un abogado para que les constituyera e inscribiera una empresa en el Registro Mercantil que opera en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y lo lograron en cuestión de una semana.
“Nos alegramos mucho. La constitución de la empresa la hizo el abogado de manera rápida, pero los problemas surgieron después”, dice.
Sánchez y Peña mermaron el optimismo cuando tropezaron con las primeras “trabas” en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y en la Municipalidad.
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En 2017, el país registró $1,186 millones de IED, pero de esa suma, el 76% eran utilidades reinvertidas.
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Para cumplir el requisito de la dirección, nos vimos en la obligación de pagar alquiler del local sin tener el negocio abierto. Comenzamos perdiendo dinero”, dice.
Después, gestionaron por internet el permiso de operación en la Municipalidad, sin embargo, jamás lo lograron.
“Abrimos el restaurante-bar el 12 de octubre del año pasado. En la Municipalidad nos dijeron que, mientras pedíamos el permiso de operaciones por medio de internet, podíamos empezar, pero a los 20 días llegaron ellos mismos a cerrarnos.
Dijeron que estábamos a menos de 100 metros de una escuela que ya no funciona. Además, nos pusieron una multa de L2,000 a la semana”, relata.
No obstante, ellos no desistieron. “Por sugerencias de la misma gente de urbanismo de la Municiapalidad”, alquilaron un local situado a más de 100 metros del centro escolar y comenzaron de cero la solicitud del permiso de operaciones.
“Los de urbanismo regresaron y nos volvieron a cerrar. Nos dijeron que la Municipalidad le exigía a los negocios nocturnos un estacionamiento para 10 carros”, dice.
Sánchez y Peña no se dieron por vencidos, alquilaron un estacionamiento que estaba enfrente y otra vez volvieron a empezar las gestiones.
“Por tecera vez realizamos los trámites y estuvimos pagando L2,000 de multa a la semana sin vender bebidas alcohólicas. Esta vez, tampoco obtuvimos el permiso porque en el sistema de la Municipalidad bloqueron nuestro RTN”, señala.
 La complejidad del sistema tributario y los enredados trámites burocráticos, instaurados por el gobierno central y las municipalidades, afectan a propietarios de pequeños talleres como a empresas extranjeras que exportan mercancías.
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“Ahora tengo un nuevo problema, quiero comenzar otro negocio, pero en el SAR me piden que entregue el talonario de facturas anteriores y explique el motivo por el cuál no las utilicé”, explica.
Una maraña. Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), advierte que casos como los de Sánchez y Peña “se presentan lastimosamente casi a diario” a causa de la maraña de trámites que exige el sistema administrativo.
“Honduras debe simplicar los trámites y tener reglas claras. Muchas veces, pedimos información a diversas personas y dentro de una misma institución nos dan más de dos versiones sobre un mismo problema”, dice.
Medina reconoce que “sí ha habido avances en la constitución de las empresas en el Registro Mercantil y en la plataforma Mi Empresa en Línea.
Sin embargo, uno de los graves problemas que evita la formalización es la complejidad del tema tributario.
Pagar impuestos en Honduras requiere arriba de 240 horas y cerca de 44 veces hay que hacer el pago respectivo”.
Según el Banco Mundial (BM), El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá ofrecen mejores condiciones a los empresarios (de todos los niveles) para desarrollar negocios.
En ocho años, considerando el Doing Business del BM, Honduras, pese a que el gobierno ha hecho reformas, no ha logrado superar a las economías vecinas.
En el ranking Doing Business 2018, Honduras (en la posición 115) está por debajo de los países de Centroamérica y en el indicador Distancia a la Frontera (sobre la apertura de un negocio) posee una calificación de 58.46 (basada en 100 puntos), inferior a la de El Salvador (66.42), por ejemplo.
“Hay países que están haciendo reformas a mayor velocidad. Honduras ha logrado avances en algunas áreas, está en el cuarto lugar en el mundo en acceso al crédito gracias a la aprobación de la ley de garantía mobiliaria y a la puesta en marcha del registro mobiliario de garantía que administra la CCIT, pero queda mucho por hacer en el tema de resolución de conflictos: no hay una ley de quiebras mercantiles. Estamos todavía bajo la norma del Código de Comercio”, expresa.
Los empresarios esperan que en el menor tiempo posible el gobierno materialice una versión simplificada de la ley del Impuesto Sobre Venta, ley de Impuesto Sobre la Renta y apruebe el monotributo.
A causa del enredo en el sistema,en Honduras, de acuerdo con el BM, las empresas demoran 224 horas “para preparar, presentar y pagar (o retener) el impuesto sobre los ingresos de sociedades, el impuesto sobre el valor agregado y las contribuciones a la seguridad social” contra 50 horas en Estonia.
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Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), está convencido que “el país tiene un grave problema en cuanto a tramitología” que desmotiva la inversión.
“Si el Estado hace una simplificación administrativa y tributaria, el país crecería automáticamente 2% en el Producto Interno Bruto (PIB). Solo se requiere voluntad política. Vemos con buenos ojos el decreto presidencial que empodera a la designada María Antonia Rivera para que lidere un proceso de simplificación administrativa y tributaria”, dice Sikaffy.
Sikaffy considera que “el gobierno tiene cuatro tareas pendientes: simplificación administrativa, simplificación tributaria, ampliación de la base de contribuyentes y una baja general de impuestos, como hizo Donald Trump en Estados Unidos para que crezca la economía”.
