Trabajadores y representantes de las diferentes empresas que operan en Próspera Zede se hicieron presentes esta mañana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital de la República, para solicitar a los magistrados de ese poder del Estado, que respeten su derecho a trabajar y que garanticen sus empleos en las Zedes.
Durante el plantón de unas dos horas, los trabajadores portaban pancartas solicitando a los magistrados que permitan la operación de las empresas instaladas en las Zede, porque con ello garantizan el acceso a empleos para miles de familias en Honduras.
Corte declaró inconstitucional decreto 236-2012
El pasado 20 de septiembre la CSJ declaró inconstitucional el decreto 236-2012 que dio vida a las Zede en Honduras, con lo cual muchas empresas e inversionistas extranjeros llegaron al país y fundaron empresas en Choluteca, Choloma e Islas de la Bahía, generando miles de empleos que ahora se encuentran en peligro.
Estos trabajadores que ahora tienen ingresos superiores al resto de los hondureños y que antes de la instalación de las Zedecarecían de empleo, portaban pancartas con leyendas para los magistrados, que, en forma respetuosa, solicitaban la continuidad de las Zede en Honduras.
Al mitin en el atrio de la CSJ llegaron cerca de 100 representantes de las empresas instaladas en Próspera y a ellosse sumaron trabajadores de la Zede Morazán, de Choloma.
La CSJ tiene pendiente pronunciarse sobre el nuevo estatus de los empleos y las inversiones extranjeras que ya están en operaciones, que, a juicio de juristas nacionales y extranjeros, deben respetarse porque está amparadas en tratados internacionales firmados por Honduras.
Los representantes de las empresas de Islas de la Bahía, algunos pertenecientes a las etnias misquita y garífuna, llevaron sus tradicionales tambores y los sonaron al ritmo de punta en la entrada de la corte Suprema para llamar la atención de los magistrados.
La zede Próspera, que aglutina ya varias empresas extranjeras que se instalaron en Roatán amparadas en los beneficios que otorgaba la ley, genera al menos 3,000 empleos en Islas de la Bahía.
