Tegucigalpa, Honduras.
Solo el Congreso Nacional está facultado para separar al alto funcionario del Ministerio Público (MP) implicado en el supuesto cobro de un millonario soborno para favorecer a personajes implicados en la monumental estafa al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aseveró ayer el director de fiscales Rolando Argueta.
Con esta declaración, Argueta soltó algunas pistas más precisas del alto personero de esa institución investigado por esta situación irregular y cuyos detalles fueron mencionados en el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
El nombre y la posición que ocupaba este funcionario en la estructura de mando del Ministerio Público se han mantenido en el más estricto secreto, aunque extraoficialmente se menciona al fiscal general adjunto Rigoberto Cuéllar como la persona investigada.
Legalmente, el Congreso Nacional es el ente facultado constitucionalmente para nombrar y destituir al fiscal general y fiscal general adjunto, de ahí que las investigaciones se centren en uno de estos dos funcionarios.
Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuéllar fueron electos en dichos cargos en septiembre de 2013 en sustitución de Carlos Alberto Rubí y Roy David Urtecho, respectivamente, quienes renunciaron.
La comisión mutipartidaria sugirió que este funcionario fuera separado o se hiciera a un lado para no entorpecer las investigaciones sobre este caso concreto de cohecho.
LA PRENSA publicó el pasado lunes que el personero implicado en este supuesto acto de corrupción pactó un soborno de 150 mil dólares y a pesar de estar bajo investigación seguía activo en el Ministerio Público y ni siquiera se le había formulado ninguna acción administrativa ni judicial.
Ante los cuestionamientos surgidos contra el MP por esta situación, el director de fiscales Rolando Argueta declaró ayer que según lo que dicen la Constitución de la República y la ley orgánica de la institución, no corresponde al fiscal general ni al director de fiscales decidir la separación de este alto funcionario.
“En caso de que se considere esta suspensión o separación, el órgano administrativo y competente para decidir sobre este tema es el Congreso Nacional, que eligió por mayoría calificada a estos altos funcionarios del Estado”, apuntó.
Argueta añadió que esa no es una tarea que compete al fiscal general de la República, sino al Poder Legislativo.
Juicio político
Doris Gutiérrez, miembro de la comisión multipartidaria, dijo que la recomendación de esta instancia parlamentaria fue que este funcionario fuera separado temporalmente del Ministerio Público mientras concluyen las investigaciones.
Coincidió con Argueta en que el único ente que puede separar a las actuales autoridades del MP es el Congreso Nacional por medio de juicio político o destitución inmediata.
Otra opción es que este alto funcionario renuncie, como ocurrió con los fiscales generales Carlos Rubí y Ovidio Navarro y los adjuntos Yuri Melara y Roy Urtecho.
Solo el Congreso Nacional está facultado para separar al alto funcionario del Ministerio Público (MP) implicado en el supuesto cobro de un millonario soborno para favorecer a personajes implicados en la monumental estafa al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aseveró ayer el director de fiscales Rolando Argueta.
Con esta declaración, Argueta soltó algunas pistas más precisas del alto personero de esa institución investigado por esta situación irregular y cuyos detalles fueron mencionados en el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
El nombre y la posición que ocupaba este funcionario en la estructura de mando del Ministerio Público se han mantenido en el más estricto secreto, aunque extraoficialmente se menciona al fiscal general adjunto Rigoberto Cuéllar como la persona investigada.
Legalmente, el Congreso Nacional es el ente facultado constitucionalmente para nombrar y destituir al fiscal general y fiscal general adjunto, de ahí que las investigaciones se centren en uno de estos dos funcionarios.
Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuéllar fueron electos en dichos cargos en septiembre de 2013 en sustitución de Carlos Alberto Rubí y Roy David Urtecho, respectivamente, quienes renunciaron.
La comisión mutipartidaria sugirió que este funcionario fuera separado o se hiciera a un lado para no entorpecer las investigaciones sobre este caso concreto de cohecho.
LA PRENSA publicó el pasado lunes que el personero implicado en este supuesto acto de corrupción pactó un soborno de 150 mil dólares y a pesar de estar bajo investigación seguía activo en el Ministerio Público y ni siquiera se le había formulado ninguna acción administrativa ni judicial.
Ante los cuestionamientos surgidos contra el MP por esta situación, el director de fiscales Rolando Argueta declaró ayer que según lo que dicen la Constitución de la República y la ley orgánica de la institución, no corresponde al fiscal general ni al director de fiscales decidir la separación de este alto funcionario.
“En caso de que se considere esta suspensión o separación, el órgano administrativo y competente para decidir sobre este tema es el Congreso Nacional, que eligió por mayoría calificada a estos altos funcionarios del Estado”, apuntó.
Argueta añadió que esa no es una tarea que compete al fiscal general de la República, sino al Poder Legislativo.
Juicio político
Doris Gutiérrez, miembro de la comisión multipartidaria, dijo que la recomendación de esta instancia parlamentaria fue que este funcionario fuera separado temporalmente del Ministerio Público mientras concluyen las investigaciones.
Coincidió con Argueta en que el único ente que puede separar a las actuales autoridades del MP es el Congreso Nacional por medio de juicio político o destitución inmediata.
Otra opción es que este alto funcionario renuncie, como ocurrió con los fiscales generales Carlos Rubí y Ovidio Navarro y los adjuntos Yuri Melara y Roy Urtecho.
