Con el fin de conocer los avances de las investigaciones sobre policías ligados a ilícitos, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos, se reunió ayer con el fiscal general Luis Alberto Rubí para hablar de la depuración e intervención en la Policía Nacional.
Castellanos llegó por la mañana a la sede del Ministerio Público con miembros de la sociedad civil para conocer los avances de las investigaciones de esa dependencia con el fin de deducirles responsabilidades penales a los agentes involucrados en actos ilícitos.
Además consultaron sobre la situación de los policías suspendidos.
“Hemos planteado tres preguntas fundamentales. La primera es si ya el Ministerio Público y (la Secretaría de) Seguridad enviaron el listado de oficiales y policías suspendidos para que comiencen la investigación y la respuesta ha sido que no, que todavía no han recibido el listado”, que conocen por los medios de comunicación, refirió.
Interferencia policial
Dijo que la segunda pregunta que se le hizo al fiscal general del Estado es “si ellos tienen potestades plenas para investigar en todas sus aristas los casos ya mencionados y la respuesta es que tienen las potestades de ley para hacer esas investigaciones”.
Por lo tanto, dijo la rectora, “esperamos que el Ministerio Público haga las investigaciones que debe hacer”.
Por último, “le hemos preguntado si el Ministerio Público tiene competencias técnicas y personal capacitado para hacerlo”.
La rectora respondió que, a esta última pregunta, la respuesta del fiscal Rubí es que sí tienen competencias. Pero añadió que el Fiscal afirmó: “El problema es que la investigación es dirigida por la Policía y nos han relatado hechos en que las investigaciones y los allanamientos que han hecho han sido interferidos por elementos policiales”.
El dedo sobre la llaga
La rectora consideró que la reunión “ha sido altamente necesaria y muy oportuna y también en una semana muy crucial. Vamos a volver para conocer el avance de las investigaciones que estamos esperando del Ministerio Público”.
Castellanos ha liderado una lucha por la intervención y depuración de la Policía Nacional debido al crimen de su hijo menor a manos de presuntos agentes asignados a la posta de La Granja, donde recientemente se desarticuló una red criminal conocida como “el cartel de La Granja”.
La rectora universitaria lidera una comisión técnica integrada por la Unah y los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyo fin es proponer cambios en las leyes que impulsen el combate contra la criminalidad en el país.
Castellanos ha buscado ayuda nacional e internacional para intervenir la institución policial, sumida en una podredumbre que ha obligado a las autoridades a hacer cambios en la cúpula policial y los mandos intermedios.
Ya se supo de un listado de cuarenta policías, entre oficiales y agentes, sancionados con separaciones y suspensiones.
Al menos cinco fiscalías especiales del Ministerio Público, MP, investigarán delitos dentro de la Policía Nacional.
Mientras está en marcha este proceso de profilaxis, el presidente de Honduras ha pedido apoyo para que se les otorguen facultades policiales a las Fuerzas Armadas. El decreto fue aprobado ayer en primer debate en el Congreso Nacional.
Pruebas antidopaje no serían consideradas por depuradores
El lunes pasado, doce oficiales de alta jerarquía se sometieron a pruebas antidopaje y otros treinta oficiales acudieron ayer a las oficinas de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público para hacerse la evaluación “voluntaria”.
La doctora forense Katia Moncada informó: “Ya están entregados doce de los resultados practicados a los comisionados. Preliminarmente no nos han dado la información de si alguno de los resultados fue positivo”.
Las pruebas buscan mostrar el uso de cocaína, marihuana, heroína y anfetaminas.
Héctor Iván Mejía, vocero de la Policía Preventiva, dijo: “No podemos dar a conocer los resultados en este momento.
El Ministerio Público debe primero remitir el informe a la Secretaría de Seguridad”.
Polígrafo
Se le consultó a Mejía por qué se hacían este tipo de pruebas si el problema de la Policía era más complejo y respondió: “Lo que pasa es que se debe hacer algo. Para comenzar, usted no puede estar con alguien que consume drogas dentro de la organización. Entonces esto es necesario”.
Prosiguió: “También es necesaria la prueba del polígrafo y cuentas pruebas sean necesarias para generar confianza en la sociedad”.
El subcomisionado advirtió que hay un compromiso firme de la entidad policial para separar a quienes se les encuentre positivo por el uso de algún tipo de droga.
“Si no separamos a los oficiales que resulten con prueba positiva de dopaje, incurriríamos en responsabilidad administrativa y penal, así que por eso la gente debe tener confianza en que se separará a los que resulten positivos”.
Mejía adelantó que posteriormente se efectuarán más pruebas, pero a personal selectivo.
No servirían de nada
Todo apunta a que las pruebas antidopaje que se practicaron los oficiales de la Policía podrían no ser tomadas en cuenta por las nuevas autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
Rigoberto Espinal Irías, asesor del Ministerio Público y fuerte candidato a ocupar uno de los dos principales cargos en la nueva Dirección de Investigación, dijo que las nuevas autoridades deberán tomar sus propias acciones en torno a la depuración policial.
Espinal Irías consideró que esas pruebas son buenas, pero se deben efectuar con mayor frecuencia o periodicidad para mantener un monitoreo constante de la gente con que se trabaja en la Policía Nacional. Aseguró que se deben aplicar otros mecanismos de fiscalización, entre ellos auditorías del patrimonio de los policías y sus familias.
