Unas 11 mil empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que eran beneficiadas con las exoneraciones fiscales quedaron excluidas de este beneficio a partir de ayer, anunció
el Gobierno hondureño.
Según las autoridades gubernamentales, estas empresas no presentaron ninguna documentación que demostrara el buen uso que le dieron a ese beneficio, ya sea con la generación de empleo a atrayendo la inversión extranjera.
Al dejar de presentar sus informes ante una comisión especial nombrada por el Gobierno se les suspenden las exoneraciones, exenciones y dispensas a unas 8,285 empresas y a 2,700 ONG que operan en el país.
Ahora, apenas 15 instituciones seguirán recibiendo el beneficio de las exoneraciones en virtud de que fueron las únicas que presentaron documentación ante la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exenciones, Exoneraciones y Franquicias Aduaneras.
Así lo estableció el Gobierno luego de discutir los resultados del proceso de revisión de exoneraciones en el seno del Gabinete Económico, desde donde se anunció además que en un período de 15 días se presentará un informe final sobre las exenciones al Congreso Nacional.
Solo 15 beneficiarios
Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas, informó que el proceso de revisión prácticamente concluyó, y mencionó que está por entregarse al Congreso Nacional el informe final y una propuesta de Ley de Exoneraciones a través de la cual se pretende centralizar el otorgamiento de esas franquicias.
En conferencia de prensa en la Casa Presidencial, el diputado
Francisco Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, informó que de las 11,000 empresas e instituciones que durante años gozaron de incentivos fiscales solo 15 continuarán recibiendo el beneficio.
“Solo 15 instituciones llegaron a la comisión para informar las condiciones de su beneficio. El resto queda automáticamente fuera del beneficio de las exoneraciones de acuerdo con la ley”.
Los datos proporcionados por el Congreso Nacional fueron diferentes a los entregados por la Comisión de Exoneraciones, la cual informó días atrás que durante los 60 días de trabajo del organismo apenas 1,050 organizaciones con fines de lucro presentaron sus informes, a las que se suman 398 expedientes de ONG, que en total llegan a 1,448 contribuyentes, que significan el 10.1% de los que reciben beneficios fiscales.
El plazo ya venció
Miriam Guzmán, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dijo que el 22 de marzo venció el plazo para que estas empresas y ONG justificaran ante la comisión de las exoneraciones el uso que les dieron a más de 10 mil millones de lempiras por concepto de dichos beneficios.
El diputado Francisco Rivera aseguró que el Legislativo está en toda la disponibilidad para discutir el informe final de la comisión que encabeza Marco Ramiro Lobo. Roberto Jerez, asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), dijo que ese organismo regulador no aceptará ni tramitará las exoneraciones de lasorganizaciones que no cumplieron con los requerimientos.
“La DEI no aceptará ningún trámite aun cuando en este momento pudiese existir un documento aprobado en fechas anteriores a favor de estos”, reiteró.
El ministro de Finanzas dijo que
la comisión especial presentará ante el Congreso Nacional a más tardar en 15 días el informe final que incluye la propuesta de la Ley de Exoneraciones en Honduras.
“El documento toca puntos como el centralizar en una sola ventanilla el otorgamiento de franquicias, los procesos, las sanciones y las regulaciones”, dijo Cerrato.
El funcionario señaló que la comisión también busca dejar abierta y operativa la factura electrónica, lo que permitirá mejorar la recaudación en aduanas y rentas.
“De este tema presentamos un decreto borrador ante el Congreso Nacional el jueves pasado previa discusión con dicha Comisión de Exoneraciones”.
Sobre el particular, el presidente Porfirio Lobo agradeció la labor de la comisión de exoneraciones, encabezada por Marco Ramiro Lobo.
El mandatario afirmó en Twitter: “Avisamos a los beneficiarios de las exoneraciones que no se presentaron en tiempo y de acuerdo a la ley que ya no podrán hacer uso de ellas”.
Mecanismo de extorsión
Xiomara Castro, candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (Libre), catalogó a la Ley de Exoneraciones como un mecanismo de “extorsión” aplicado desde el Congreso Nacional.
“En mi opinión es que la exoneraciones son un mecanismo de extorsión que están utilizando desde el Congreso Nacional”, dijo Castro.
La candidata de Libre utilizó el mismo calificativo para referirse a la reforma de la Ley Marco de Telecomunicaciones que el Ejecutivo con el Legislativo quieren implementar y que podría ser discutida en los próximos días por el Congreso.
Andi: Miles de obreros perderán sus empleos
Adolfo Faccusé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), expresó que muchas empresas a las que se les suspendieron las exoneraciones se marcharán del país por carecer de incentivos a la producción.
Comentó que mientras en Nicaragua y en El Salvador se brindan estas exoneraciones fiscales a la inversión internacional, en Honduras se suprimen para engordar más el aparato estatal. Criticó que el presidente Porfirio Lobo designó como coordinador de esta comisión al subdirector del Instituto Nacional Agrario (Marco Ramiro Lobo) “quien solo sabe de invasiones de tierras y no de generación de empleo”.
Facussé adelantó que si las autoridades no dan una ampliación al plazo para presentar estas estadísticas e información adicional solicitada por la comisión se elevará la cantidad de empresas que solicitarán ante la Secretaría del Trabajo la suspensión temporal de empleados.
En cambio, otras firmas emigrarán del país y otras cerrarán operaciones de manera definitiva. El impacto final, continuó, lo recibirán miles de obreros que perderán sus fuentes de empleo de manera permanente.
Facussé señaló que la publicación del decreto 220-2012 denominado Ley de Exoneraciones, Exenciones y Dispensas se hizo en el Diario Oficial La Gaceta, un periódico que casi nadie lee en el país.
Se mostró escéptico que las empresas acudirán ante la Corte Suprema de Justicia para presentar amparos en contra de esta determinación gubernamental.
