“No quiero que el sampedrano pierda la credibilidad en la alcaldía por esta acusación, porque saldré de los tribunales con la frente en alto”.
Así reaccionó el alcalde Rodolfo Padilla Sunseri tras conocer que la Fiscalía contra la Corrupción interpuso un requerimiento en su contra por los delitos de falsificación de títulos valores y malversación de caudales públicos.
La acusación es también contra el ex tesorero de la alcaldía, Marco Antonio Bermúdez; el ex director de estrategia y comunicación, Serapio Umanzor; y el auditor municipal, Luis López Euceda.
Justicia
En una conferencia de prensa, el alcalde dijo que se hará presente a la audiencia que programe el juzgado porque no ha cometido ningún ilícito en la alcaldía.
“Cuando se producen acusaciones de esta índole se juzga a priori y como alcalde eso es lo que me preocupa: que vaya a perder la confianza del pueblo sampedrano.
Saldré bien librado; si hay responsabilidades que asumir, lo haré con la frente en alto. Sin embargo, no ha existido dolo en este caso, he firmado más de 10 mil cheques y la conciencia la tengo tranquila”, añadió Padilla.
El alcalde dijo que malversar quiere decir apropiarse de fondos y el pueblo debe tener la plena seguridad de que no se ha apropiado de nada.
“El día que alguien me pueda extorsionar renuncio y lo digo de manera categórica porque desde ese momento no voy a representar los intereses de los sampedranos”. Indicó que él no es quién para juzgar si hay alguien detrás de esa situación.
“Este año se han tomado decisiones trascedentales, se han tocado muchos intereses, ya que todas las contrataciones de la alcaldía se realizaron a través de un concurso público”, agregó el edil.
Antecedentes
El 2004, la municipalidad comenzó a elaborar indebidamente una serie de contratos de servicio de limpieza vial a nombre de 20 personas, la mayoría parientes del ex director de estrategia y comunicación, Serapio Umanzor.
Por el pago de los contratos los primeros dos meses se emitieron cheques a nombre de las 20 personas, pero luego se emitieron bajo una modalidad que necesitó la intervención del asistente de tesorería. Por estos hechos fueron llevados a los tribunales el ex alcalde Óscar Kilgore y los ex funcionarios municipales Ingmar Gonzales, Serapio Umanzor, Julio Valdez y Rubén Bonilla.
El 28 de agosto de 2006, la Fiscalía realizaba investigaciones de este caso en la alcaldía y se le pidió al ex tesorero municipal, Marco Antonio Bermúdez, la documentación de respaldo de dos cheques por un valor de 399,500 lempiras, ambos a nombre de Serapio Umanzor.
El 30 de agosto el ex gerente financiero, Douglas Hernández, pidió de manera informal la documentación soporte y transfirió los cheques en un sobre cerrado al tesorero municipal mediante memorando fechado el 11 de septiembre de 2006.
El 12 de septiembre se requirió de nuevo la documentación al ex tesorero, quien negó tenerla, pero al ser confrontado con Hernández aceptó que la recibió y que fue llevada sin su consentimiento por el auditor Luis Alonso López.
Se procedió a ubicar a López y a eso de las 7.40 de ese día llegó al portón de la alcaldía y entregó al procurador Rodolfo Bueso un sobre, cruzó la calle y se subió a un carro BMW, color gris, conducido por una mujer acompañada de Serapio Umanzor.
Al abrir el sobre se confirmó que sólo estaban los cheques y no la documentación soporte de ambos.
Lo anterior fue el punto de partida para realizar una investigación de todos los cheques emitidos por limpieza vial desde enero de 2006.
Se encontraron nueve cheques, siete a favor de Marco Antonio Bermúdez y dos a nombre de Serapio Umanzor.
Entre los nueve suman cuatro millones 256,500 lempiras.
Se verificaron los cheques y siete fueron firmados por el alcalde Rodolfo Padilla y dos por el vicealcalde Eduardo Bueso. Luego se siguieron emitiendo cheques a favor de once personas más, todas compañeras de trabajo del auditor municipal.
Fiscal capitalino vino a interponer requerimiento
El fiscal capitalino Henry Salgado dijo que la acusación a estos funcionarios y ex funcionarios es por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, falsificación de títulos valores y falsificación de documentos públicos”.
Al referirse al caso de la falsificación de documentos públicos indicó que se trata de una acción ilícita reiterada desde la administración edilicia del ex alcalde Óscar Eduardo Kilgore y que se continuó en la actual.
“En vista de eso el Ministerio Público se ha visto obligado a efectuar la acción penal contra los imputados y de acuerdo a los hechos que hemos acreditado”.
Salgado dijo que las acciones de esta acusación se desprenden de las acciones conjuntas y continuas realizadas con el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, desde hace dos años. Dijo que hay cheques firmados por el alcalde Padilla Sunseri que suman varios millones de lempiras. A los tribunales se hizo presente el coordinador de la Fiscalía, Rafael Soto.
Las peticiones
La Fiscalía contra la Corrupción pide las medidas cautelares de prohibición de salir del país, presentación periódica a los tribunales y suspensión del cargo para los funcionarios que siguen laborando en la alcaldía.
