En el Ministerio Público ven como prudente la decisión de instruir a la Procuraduría General de la República, PGR, de no presentar más acciones legales en contra del ex presidente Manuel Zelaya.
Ayer se conoció el decreto No. 005-2011 en el cual el presidente Porfirio Lobo Sosa autoriza a la procuradora general, Ethel Deras Enamorado, a que “se abstenga de presentar recursos legales u otras acciones judiciales en las causas judiciales en materia penal que actualmente se siguen en contra del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales”.
El único argumento que expone el decreto, para tal instrucción, es en virtud de que las causas judiciales por actos de corrupción deberán ser conocidas exclusivamente por un juez natural que deberá ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombramiento que deberá recaer en un magistrado del máximo tribunal de justicia del país.
El nombramiento del juez natural fue resuelto por el Poder Judicial, por medio del Juzgado de Letras Penal y la Corte Primera de Apelaciones, de conformidad a lo preceptuado en el Código Procesal Penal.
El decreto en mención se emitió el pasado 4 de febrero y es de ejecución inmediata, el que ya fue notificado a la procuradora en esa misma fecha.
La Fiscalía contra la Corrupción interpuso dos acusaciones en contra de Zelaya por suponerlo responsable de despilfarrar 57 millones de lempiras del pueblo hondureño en publicidad.
Prudente
Para el asesor legal del MP, Rigoberto Espinal Irías, fue bien el proceder de la Presidencia en instruir a la PGR a abstenerse de interponer recursos u otras acciones judiciales en las causas penales contra Zelaya.
“Me parece una disposición muy prudente, facilita la celeridad procesal”, expresó el funcionario.
Argumenta que a la PGR se le está pidiendo que no ejerza ningún recurso contrario a la decisión de seguir el proceso tal como lo señala el Código Procesal Penal vigente. “Por eso digo que es prudente, que se siga el procedimiento”, reiteró. A su juicio, el decreto busca que la PGR no interponga recursos para dilatar los procesos judiciales. “Lo que se le está pidiendo es que no interfiera, no dilate con recursos la marcha de este proceso. No está limitando nada”, añadió Espinal Irías. A su criterio, se busca finalizar los juicios de conformidad al derecho.
Responsabilidad civil
De acuerdo a la ley, la PGR tiene por función la representación legal del Estado, por tanto es la llamada a ejercer acciones legales cuando el Estado resulta perjudicado económicamente por actos de corrupción.
Específicamente ejerce acciones legales para el resarcimiento de daños y perjuicios, a través de notificaciones de responsabilidades civiles. Sin embargo, la PGR se ve limitada a ejercer las acciones legales que considere pertinentes en los procesos penales, por instrucción de Lobo Sosa, para que una vez dictadas las sentencias condenatorias se proceda a aplicar los reparos.
Espinal Irías manifestó que en su oportunidad la PGR tendrá que actuar, según el resultado que arrojen el juicio oral y público que se espera de inicio para encontrar la verdad de las dos imputaciones.
Será hasta entonces si procede o no incoar acciones civiles para resarcir el daño económico, dijo.
“Primero habrá que definir si hubo dolo, si existen esos delitos o no”, dijo.
Distinto sucede con la amnistía, ya que las leyes definen que la aplicación de esta figura no extingue la responsabilidad de los daños civiles que se hubieran cometido por los delitos perdonados.
De existir malversación de caudales se tendrá que exigir devolución a favor del Estado.
“Me parece que la Procuraduría debe actuar en defensa de los intereses del Estado”, concluyó Espinal.
Se intentó en reiteradas ocasiones obtener la versión de la procuradora general, Ethel Deras, pero su secretaria dijo que estaba en reunión con unas personas que habían solicitado cita con la funcionaria.
Esta misma respuesta se obtuvo en tres llamadas telefónicas hechas al despacho de la representante legal del Estado.
