TEGUCIGALPA.
El Gobierno declaró la noche del lunes estado de emergencia en el sistema penitenciario del país.
Los últimos asesinatos registrados en las cárceles reunieron de emergencia al Consejo de Ministros y se decidió intervenir por un período de seis meses al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (Inami).
La comisión nombrada para intervenir estos centros es la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), quien desde ayer asumió el control de los penales. La interventora está integrada por los coroneles José González Maradiaga como coordinador; Marco Barahona Fuentes, subdirector I, Nery Arita Arita, subdirector II, además el comisionado de Policía, Willy Núñez Morales como subdirectorIII; el coronel Pablo Herrera, secretario general; José Miguel Mejía Medina, gerente administrativo y el comisionado de Policía, Wilson Alvarenga Núñez, como inspector general.
Mientras dure la intervención fueron suspendidas de sus funciones todas las autoridades de ambas instituciones, incluyendo al Consejo Directivo del Sistema Penitenciario y cualquier otro órgano de dirección.
En esos seis meses, la Interventora reportará los hallazgos encontrados y si procede informará al
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al
Ministerio Público (MP) o a la
Procuraduría General de la República (PGR), según el caso.
“Era la decisión más correcta porque en estos casos las autoridades penitenciarias se convierten en sujetos de investigación. Estamos hablando de varios homicidios que se han cometido al interior de centros penitenciarios y que las autoridades tienen una responsabilidad directa. Retirar al director y subdirector del sistema era algo saludable para que no contaminen el proceso de investigación”, afirmó la analista Arabesca Sánchez.
La Interventora
El control gerencial y administrativo fue tomado ayer por las nuevas autoridades penitenciarias, tienen la misión de lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penitenciarios y los Centros Pedagógicos de Internamiento para
Menores Infractores Privados de Libertad, priorizando los de máxima seguridad.
Además deben presentar al presidente Juan Orlando Hernández, una propuesta integral de reestructuración, basada en la revisión del marco normativo, procedimental, administrativo y presupuestario. Harán un ordenamiento de atención médica de los privados de libertad coordinando con diferentes dependencias, donde la Secretaría de Salud establecerá módulos de atención.
Manda también implementar un nuevo sistema de comunicación con el privado de libertad, sobre todo el tipo de visitas y comunicación telefónica. Se debe habilitar o construir la estructura física y tecnológica que permita la implementación del sistema de audiencias virtuales, así como un
Centro de Monitoreo Nacional que se alimentará del monitoreo local de las cárceles.
Para lograr todas esas metas, Fusina está facultada para contratar expertos nacionales o internacionales en materia penitenciaria y de internamiento de menores, así como herramientas tecnológicas en materia de información y comunicación u otros recursos que permitan el cumplimiento de esta misión. “Tenemos tareas y responsabilidades. Esta comisión inicia asumiendo el control gerencial y administrativo del Instituto Penitenciario. Se ejecutarán acciones que en corto plazo se darán a conocer. Fusina cumplirá esta misión y retomaremos el control de este sistema que ha estado fuera de control”, dijo German Velásquez, comandante de Fusina.
Piden investigación profunda. Una de las peticiones de los Jueces de Ejecución a la Comisión Interventora es que se investigue todo lo que ha estado sucediendo en las cárceles. “No cualquiera se va a hacer cargo de los establecimientos penitenciarios, considero buena la intervención para depurar lo que no está bien, pero pedimos que analicen e investiguen todo lo que ha venido sucediendo y que las resoluciones de los jueces sean escuchadas, leídas y acatadas”, expresó
Mildred López, jueza de Ejecución de
El Progreso,
Yoro. Otro planteamiento de los jueces es que involucren a los operadores de justicia que conocen del tema y a los representantes de derechos humanos. “Esperamos también que no se vulneren más los derechos de las personas y que las cosas mejoren. Hay que ser parte de la solución y no del problema”, dijo la jueza. Mientras, el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (
Conaprev), dijo que muchas de las situaciones de violencia se hubieran evitado. “Cuando un juez da una resolución hay que acatarla.
Los jueces de ejecución son quienes controlan que se apliquen correctamente las normas del sistema penitenciario.Hay un artículo de ley que manda que el director del INP cumpla con las resoluciones y si no se cumplen, el fiscal debe investigar por qué se desobedece una orden judicial, pero no vemos que la Fiscalía esté investigando”, dijo
Glenda Ayala, Comisionada de
Conaprev. Preocupados
Mientras unos aplauden la medida, otros ven con preocupación que se militarice el sistema penitenciario. “Es preocupante que se dé a las
Fuerzas Armadas la intervención, pareciera que estamos en la época de los 80, donde los militares tenían el control de todo en Honduras”, expresó
Melissa Elvir, de
Democracia Sin Fronteras. Mientras el
Conaprev dice que se retrocede al militarizar los penales.
“La militarización en los centros podemos verla como una involución, un retroceso. Habíamos avanzado, pero recurrir a los militares a que formen parte del sistema penitenciario, contraviene las normas”, dijo Ayala.
