Los hondureños van en busca de un nuevo destino, según dijo a LA PRENSA, la cónsul general de Honduras en Nueva Orleans, Elka Herrera.
El éxodo que han comenzado otras comunidades de latinoamericanos en Alabama no ha dejado por fuera a los hondureños, que según cifras oficiales son diez mil los que residen en ese estado, de los cuales la mayoría son indocumentados.
Hace tres semanas, Alabama se convirtió en el quinto estado que pone en vigor una ley antiinmigrante, después de Arizona, Georgia, Indiana y Utah. Sin embargo, la ley HB 56 vigente en Alabama es considerada la más dura en Estados Unidos en el trato a la comunidad de inmigrantes en ese lugar.
“Estamos en proceso de gestión e investigación respecto a la HB 56. La comunidad que reside en Alabama es de unos diez mil hondureños diseminados en todo el estado; aunque con la nueva ley sabemos que muchos hondureños se han cambiado de domicilio”, manifestó Herrera a LA PRENSA.
La cónsul precisó que, conforme al Centro de Estadísticas de Estados Unidos, es muy difícil manejar un dato exacto de la cantidad de hispanos “porque no se registran por el temor a que esa información se utilice para ubicarlos en sus domicilios y posteriormente ser deportados. El dato de diez mil hondureños incluye a personas establecidas legalmente y los indocumentados”, agregó Herrera.
El primer detenido
La relevancia de la aplicación de la HB 56 en Alabama tomó notoriedad el pasado jueves cuando la Policía detuvo a la primera persona originaria de Honduras, José Matute, de 26 años.
El hondureño fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas por su “estatus irregular por encontrarse sin papeles que acreditaran su estadía en esa localidad”, según la versión policial.
Debido a que Matute era buscado por la Policía Federal porque faltó a una audiencia de inmigración en la corte, la cónsul hondureña Elka Herrera explicó que están realizando gestiones con un abogado ad honórem que está investigando el caso de Matute.
“En relación con el detenido José Matute, un abogado está investigando si realmente se le aplica la ley HB 56 al señor Matute, ya que si él ya había sido sentenciado de acuerdo con la ley que estaba vigente en la fecha de su proceso, no debería ser aplicada la HB 56 que es la nueva ley. La ley no tiene efecto retroactivo y es por eso que estamos en proceso de investigación”, explicó la cónsul hondureña.
La HB 56, que arresta a indocumentados que soliciten trabajo y a los que les den trabajo, ha sido objeto de protestas en Alabama por sectores identificados con la comunidad latinoamericana.
La cónsul hondureña en Nueva Orleans, desde donde se le da atención migratoria a los hondureños en Alabama, mencionó que están en comunicación con las autoridades del estado, así como con organizaciones que defienden y brindan protección a los inmigrantes.
“Los consulados latinoamericanos estamos conectados trabajando por la misma causa para lograr un mayor apoyo en beneficio de la comunidad sin importar su estatus”, puntualizó Herrera.
Asistencia a hondureños
Tal y como lo mencionó LA PRENSA la semana anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores giró instrucciones al consulado en Nueva Orleans para que brinde asistencia a los hondureños inmigrantes en Alabama.
Según el comunicado oficial que circuló ayer, “se ha instruido al consulado en Nueva Orleans para que brinde asistencia y protección consular a todos los hondureños que residen en ese estado, ante la entrada en vigor de la Ley antiinmigrante HB 56 de Alabama, donde viven alrededor de unos diez mil hondureños”, explican las autoridades de Cancillería.
En otro apartado del comunicado agregan que “el consulado en Nueva Orleans está en la obligación de proveer la asistencia y protección debida a todos los hondureños que residen en su circunscripción consular.
Las autoridades norteamericanas deben notificar al consulado la retención o privación de libertad por falta de documentos a hondureños que residen en ese estado, a fin de que les puedan proveer de los papeles de identificación correspondientes para su deportación.
El consulado hondureño adicionalmente debe constatar las condiciones en que se encuentran nuestros compatriotas, fundamentalmente en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos”, agregaron en el documento.
Pánico a ley racista es generalizado entre los latinos
Las familias indocumentadas o de situación migratoria mixta en Alabama comparten más que el pánico que ha generado la ley migratoria en la comunidad.
Los une también la decisión de notarizar documentos para ceder a familiares o amistades el poder de qué hacer con sus hijos, muchos de ellos ciudadanos, en caso de que sus padres sean detenidos y eventualmente deportados.
La jueza federal de distrito, Sharon Lovelace Blackburn, rehusó bloquear la ley migratoria HB 56 de Alabama mientras proceden las apelaciones del Departamento de Justicia y de grupos de derechos civiles al fallo que ella misma emitió la semana pasada y que dio luz verde a la implementación de algunos de los componentes más restrictivos de la ley.
Entre $11,000 y $25,000 millones ha invertido el gobierno de Barack Obama en deportar a cerca de 1.1 millones de inmigrantes indocumentados desde su inicio, según cifras entregadas el martes al Congreso.
A un ritmo cercano a 400,000 deportados al año, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, ICE, considera un costo de $10,000 por persona removida del país.
Esto implica que en el mejor de los escenarios, desde enero de 2009 hasta ahora se han gastado al menos $11,000 millones en deportar a inmigrantes indocumentados.
Es una cifra que en tiempos de crisis económica implica una parte considerable del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, DHS.
