Cientos de familias enlutadas y millonarias pérdidas económicas es el saldo que ha dejado la inseguridad en las carreteras del país durante los últimos dos años y medio.
Entre enero de 2012 y mayo de 2014 se registraron 339 homicidios en el transporte público, mientras los transportistas de carga reportan pérdidas anuales por 150 millones de dólares (unos 3,150 millones de lempiras).
El gremio de los taxistas ha sido el más afectado con 168 muertes violentas.
Un informe del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh) establece que en 2013, el 46% de los hechos violentos contra taxistas se registraron en Cortés, con un saldo de 51 víctimas.
“Viajamos a la buena de Dios porque aquí no hay ninguna garantía de seguridad para nosotros y si decidimos andar un arma, con ella misma nos pueden matar”, expresó un motorista que viaja al occidente del país.
Golpe a la economía
Los transportistas hondureños no tienen estadísticas actualizadas sobre las pérdidas por los atracos, pero la Federación Centroamericana de Transporte de Carga (Fecatrans) estima que estas ascienden a los $150 millones al año (3,150 millones de lempiras).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), emitió en 2013 el informe Seguridad de la cadena logística terrestre en América Latina en el que Honduras se ubica entre los tres países menos competitivos internacionalmente para el transporte de carga por los altos costos del crimen y la violencia en sus carreteras, acompañado por Guatemala y El Salvador. La Cepal expone que al menos los camiones centroamericanos son atacados diariamente en el territorio hondureño, principalmente en la cuesta de La Virgen y Taulabé en Comayagua, y sectores urbanos de San Pedro Sula, Cortés. Los productos más sustraídos son café, maní, mariscos, productos lácteos, textiles, carne y llantas.
Benjamín Castro, presidente de la Cámara de Transporte de Carga de Honduras (Catracho), coincide con la Cepal sobre las rutas más peligrosas y explica que el costo de la mercadería robada en contenedores oscila entre los $60,000 y $90,000 cada uno.
El dirigente comentó que la mayoría de casos no son reportados a las autoridades.
“Sabemos que lo primero que deberíamos hacer es denunciarlo, pero generalmente no se hace porque el trámite de recuperar el equipo en la Fiscalía cuando ya lo encuentran es tan engorroso que lleva entre cuatro y cinco meses”.
Óscar Girón, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), dijo que los atracos son cometidos algunas veces por bandas formadas por ex empleados de las empresas de transporte de carga que conocen la forma de operar de las mismas. Otro problema difícil de controlar es la supuesta complicidad que existe en el lugar de desembarco de la mercadería. “Hemos denunciado en varias ocasiones que el manifiesto de carga no se debe imprimir, porque este documento puede ser manipulado por cualquier persona para informar a los delincuentes”.