San Pedro Sula, Honduras
Representantes de más de diez países de América Latina analizan la migración y sus causas, además de la trata de personas, en la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) desarrollada en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
María Andrea Matamoros, vicecanciller, inauguró esta mañana el evento destacando que el tema migratorio ahora ha tomado niveles más notables e importantes para las sociedades.
Todo Centroamérica, pero singularmente tres países -Guatemala, Honduras y El Salvador- esperan con cautela, preocupación e incluso abierto temor las consecuencias migratorias de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.
Las amenazas tajantes sobre construcción de muros y deportaciones masivas formuladas reiteradamente por el presidente electo durante su campaña ponen en situación de riesgo a algo más del 30 por ciento de los casi 8 millones de centroamericanos que se estima que viven en el coloso del norte como 'indocumentados'.
Su hipotético regreso tendría consecuencias letales para las frágiles economías de tres naciones acosadas por la delincuencia masiva, la corrupción y el narcotráfico. Y las tendría en dos aspectos clave: el desarraigo de una población con escasas posibilidades laborales en su país de origen y la temida reducción de los envíos de divisas de los emigrantes.
El 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Honduras, que tiene 1,2 de sus algo menos de 8,3 millones de habitantes residiendo en EUA de manera legal o ilegal, procede de las remesas de los inmigrantes. Este año se han deportado desde este país más de 20,000 ilegales, a los que se suman los que fueron devueltos desde México, otros 40,000 que no llegaron a franquear la frontera estadounidense.
En El Salvador, un país con poco más de seis millones de habitantes, el colapso podría ser aún superior, pues cuenta con tres millones de emigrantes a Estados Unidos, muchos de ellos desde la guerra civil que asoló el país, aunque se calcula que cerca de dos millones estarían en situación de indocumentados.
El 16,4 por ciento del PIB salvadoreño procede de la entrada de divisas de sus emigrantes, una cifra que podría verse disminuida en caso de que la nueva presidencia estadounidense aplicara algunas de las medidas migratorias anunciadas por Donald Trump.
También en Guatemala la situación sería catastrófica de cumplirse las previsiones más pesimistas, que se basan en una supuesta deportación masiva de indocumentados: las cifras oficiales estiman en dos millones los ciudadanos de ese país residentes de EUA, entre ellos más de 800,000 ilegales.
Las remesas suponen el 10 por ciento de los ingresos guatemaltecos, más de 5,000 millones de dólares al año, que colaboran para mantener los recursos de un Estado agobiado por la lucha contra la maras, el narcotráfico y la corrupción que ha afectado a las más altas instituciones del Estado.
En Costa Rica, un país con una emigración relativamente escasa, contrasta la preocupación empresarial con la cautelosa tranquilidad del Gobierno, basada en la vigencia -e hipotética permanencia- del Tratado de Libre Comercio. EUA es el primer inversor y el origen de la mayor parte de los visitantes en un país que centra su desarrollo principalmente en el sector turístico.
Representantes de más de diez países de América Latina analizan la migración y sus causas, además de la trata de personas, en la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) desarrollada en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
María Andrea Matamoros, vicecanciller, inauguró esta mañana el evento destacando que el tema migratorio ahora ha tomado niveles más notables e importantes para las sociedades.
Algunos analistas sostienen que los hondureños seguirán migrando hacia los Estados Unidos debido a las condiciones actuales de Honduras en áreas como seguridad, empleo y falta de oportunidades. Esto a pesar de que las medidas para impedir su paso hacia ese país se incrementarán.
Todo Centroamérica, pero singularmente tres países -Guatemala, Honduras y El Salvador- esperan con cautela, preocupación e incluso abierto temor las consecuencias migratorias de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.
Las amenazas tajantes sobre construcción de muros y deportaciones masivas formuladas reiteradamente por el presidente electo durante su campaña ponen en situación de riesgo a algo más del 30 por ciento de los casi 8 millones de centroamericanos que se estima que viven en el coloso del norte como 'indocumentados'.
 Al fondo se observan las banderas de los países participantes.
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El 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Honduras, que tiene 1,2 de sus algo menos de 8,3 millones de habitantes residiendo en EUA de manera legal o ilegal, procede de las remesas de los inmigrantes. Este año se han deportado desde este país más de 20,000 ilegales, a los que se suman los que fueron devueltos desde México, otros 40,000 que no llegaron a franquear la frontera estadounidense.
En El Salvador, un país con poco más de seis millones de habitantes, el colapso podría ser aún superior, pues cuenta con tres millones de emigrantes a Estados Unidos, muchos de ellos desde la guerra civil que asoló el país, aunque se calcula que cerca de dos millones estarían en situación de indocumentados.
 Momento de la reunión y disertación de los representantes de países de América Latina.
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El 16,4 por ciento del PIB salvadoreño procede de la entrada de divisas de sus emigrantes, una cifra que podría verse disminuida en caso de que la nueva presidencia estadounidense aplicara algunas de las medidas migratorias anunciadas por Donald Trump.
También en Guatemala la situación sería catastrófica de cumplirse las previsiones más pesimistas, que se basan en una supuesta deportación masiva de indocumentados: las cifras oficiales estiman en dos millones los ciudadanos de ese país residentes de EUA, entre ellos más de 800,000 ilegales.
Las remesas suponen el 10 por ciento de los ingresos guatemaltecos, más de 5,000 millones de dólares al año, que colaboran para mantener los recursos de un Estado agobiado por la lucha contra la maras, el narcotráfico y la corrupción que ha afectado a las más altas instituciones del Estado.
En Costa Rica, un país con una emigración relativamente escasa, contrasta la preocupación empresarial con la cautelosa tranquilidad del Gobierno, basada en la vigencia -e hipotética permanencia- del Tratado de Libre Comercio. EUA es el primer inversor y el origen de la mayor parte de los visitantes en un país que centra su desarrollo principalmente en el sector turístico.
