San Pedro Sula, Honduras.
Mientras los delincuentes tienen cientos de opciones para perseguir a sus víctimas desde el mundo virtual hasta el real, la Policía Nacional de Honduras no posee un departamento especializado que pueda frenarlos antes de cometer el delito.
En septiembre de 2015 comenzó a operar la Dirección Policial de Investigación (DPI) para ocupar el lugar de Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), una institución que en los últimos años observó un deterioro en su imagen.
La DPI, que es una entidad moderna y, hasta ahora, libre de corrupción, tiene la imperiosa necesidad de instituir un departamento que pueda realizar un trabajo disuasivo.
José Carlos Ramos, asesor en seguridad informática en Honduras y otros países, considera que la clave consiste “en hacer trabajo de prevención: los padres de familia deben educar a sus hijos para evitar problemas que suceden en privado y los cuales no pueden ser vistos por la Policía”.
Sin embargo, plantea que la DPI debería contar “con un departamento que pueda observar el comportamiento de perfiles que despierten sospechas”.
La labor de ese departamento consistiría en monitorear (solo ver) el comportamiento de perfiles sospechosos y espiarlos (intervenirlos) cuando una autoridad confirme que pertenecen a criminales dedicados a la trata de personas y a depredadores sexuales.
Mientras los delincuentes tienen cientos de opciones para perseguir a sus víctimas desde el mundo virtual hasta el real, la Policía Nacional de Honduras no posee un departamento especializado que pueda frenarlos antes de cometer el delito.
En septiembre de 2015 comenzó a operar la Dirección Policial de Investigación (DPI) para ocupar el lugar de Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), una institución que en los últimos años observó un deterioro en su imagen.
La DPI, que es una entidad moderna y, hasta ahora, libre de corrupción, tiene la imperiosa necesidad de instituir un departamento que pueda realizar un trabajo disuasivo.
José Carlos Ramos, asesor en seguridad informática en Honduras y otros países, considera que la clave consiste “en hacer trabajo de prevención: los padres de familia deben educar a sus hijos para evitar problemas que suceden en privado y los cuales no pueden ser vistos por la Policía”.
 La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó el mes pasado a Reynaldo Castillo por sospechas de ser un depredador sexual que atacó a dos niñas.
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La labor de ese departamento consistiría en monitorear (solo ver) el comportamiento de perfiles sospechosos y espiarlos (intervenirlos) cuando una autoridad confirme que pertenecen a criminales dedicados a la trata de personas y a depredadores sexuales.
Reacción
Gracias a denuncias de las víctimas, la DPI mostró el mes anterior su eficiencia para investigar casos concretos al capturar en el Tigre, Santa Cruz de Yojoa, a Reynaldo Castillo Hernández (de 37 años), un supuesto depredador sexual que usaba perfiles falsos para engañar y abusar de adolescentes.
Kelsin Arteaga, portavoz de la Policía Nacional, confirmó que esa institución “después de recibir denuncias ha logrado determinar que algunas personas han cometido delitos por medio de redes sociales”.
“Nosotros dependemos mucho de las denuncias de las víctimas para actuar porque la Policía Nacional no puede invadir la privacidad de las personas en las redes sociales”, expuso.
Según Arteaga, “la Policía necesitaría tecnología para identificar ese tipo de problemas y las denuncias de las víctimas para comenzar la investigación”.
Hasta el momento, pese a que las desapariciones y muertes de adolescentes se vuelven más recurrentes, ninguna entidad de la Policía Nacional o del Ministerio Público cuenta con una oficina especializada para atender denuncias de esta naturaleza.
En otros países, como México, desde 2012 el Gobierno puso en marcha el Programa Nacional Alerta Amber para localizar a adolescentes desaparecidos, indistintamente, de las causas.
En España, el Cuerpo Nacional de Policía tiene en su página web una opción para que los ciudadanos puedan “comunicar hechos o situaciones que pudieran dar inicio a investigaciones sobre hechos presuntamente delictivos”.
Recibe información “de cualquier actividad ilegal” observada en Facebook, Twitter, Youtube, foros y newgroups.
