El presidente Porfirio Lobo reveló ayer que el Estado paga anualmente 2,000 millones de lempiras a maestros con licencias remuneradas para participar en política.
“¿Saben ustedes cuánto el Estado paga en licencias? ¿Saben cuánto es al año? 2,000 millones de lempiras, fíjese bien. Licencia con goce de sueldo (es) que no está en el salón, no está en la clase”, dijo.
El gobernante anunció la revisión en la emisión de licencias o permisos con goce de sueldo a maestros en el sistema educativo.
Expresó lo anterior al participar en la tercera asamblea del Consejo del Plan de Nación en Casa Presidencial.
El titular del Ejecutivo anunció que vienen reformas en educación, que causarán oposición, pero que son necesarias al considerar “injusto” que maestros que participan en política reciban hasta doble salario.
Lobo se refirió a docentes que gozan de una licencia y que resultaron electos alcaldes o diputados y que están recibiendo doble remuneración del Estado.
“Tengo conocimiento de que el ministro de Educación va a llevar las acciones administrativas que corresponden para confirmar. Creo que ya lo confirmó, pero para validarlo y establecer de repente las medidas que correspondan”, dijo Carlos Borjas, subsecretario de Finanzas.
Tribunal sigue con reparos
El TSC (Tribunal Superior de Cuentas) restableció los reparos a docentes que recibieron pagos irregulares en su salario.
Producto de una auditoría practicada en el sistema educativo público, la entidad contralora publicó nueve informes que revelan deficiencias que lindan con la corrupción.
Específicamente se comprobaron pagos irregulares a miles de docentes, sin sustento legal. Las notificaciones de pliegos de responsabilidad civil empezaron hace un par de años, proceso que se había suspendido por falta de presupuesto.
Empero, las acciones continúan reparando a 350 docentes. Esto se resolvió en el pleno resolutivo, dijo Daysi de Anchecta, presidenta del TSC.
Los reparos ascienden a 1.4 millones de lempiras, contra 150 maestros que no impugnaron responsabilidades.
Otros 200 han sido notificados en el transcurso del año; un centenar ya suscribió convenio de pago.
La Procuraduría ejercerá acciones legales contra quienes se resisten a devolver dinero. En la auditoría se descubrieron pagos irregulares por frontera, zonaje y calificación académica.
Pedro Canales Curry, secretario del Coprumh, aseguró que los reparos que hace el TSC “son una persecución política”.
Sin embargo, dijo que como dirigentes magisteriales no se responsabilizan por aquel docente que indebidamente haya recibido algún pago.
