Las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, garantizaron “un debido proceso” en los juicios incoados en contra del ex alcalde de San Pedro Sula, Óscar Kilgore.
“Los jueces tenemos que tutelar las garantías, debemos ser constitucionalistas, garantes del debido proceso, por lo tanto, las resoluciones que emitamos tienen que responder a esa tutela efectiva de un proceso”, manifestó la presidenta de la Corte, Vilma Morales.
La funcionaria aseguró que los jueces que conozcan de las causas instruidas contra Kilgore actuarán con objetividad y transparencia.
Sobre si el ex alcalde es culpable o inocente, dijo que eso se
conocerá una vez que los jueces valoren las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa. “Confiemos en el sistema”, recomendó Morales.
Dijo que una vez que se haya dictado una resolución judicial, a quien le interese puede ver en los expedientes para conocer en qué se basó el juez para tomar su decisión. “Si hay algo que debemos combatir es la impunidad, por lo tanto, los resultados judiciales tienen que obedecer, en doble vía, a un proceso debido y una respuesta a la justicia”, dijo.
Respeto a inocencia
Para el fiscal general Leónidas Rosa Bautista, si el ex alcalde cometió un ilícito será probado en los tribunales de justicia, respetando el estado de inocencia.Explicó que diariamente recibe del Tribunal Superior de Cuentas informes de irregularidades cometidas por anteriores y actuales funcionarios municipales de diferentes alcaldías del país.
Cada uno de los informes es debidamente investigado para verificar si se presenta o no ante los tribunales.Rosa Bautista recordó que al inicio de su gestión prometió luchar contra los delitos ligados a actos de corrupción.
“Debe haber respeto por los fondos públicos”, dijo.
Envían documentos
En San Pedro Sula, la Fiscalía contra la Corrupción recibió del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, el informe de auditoría que se practicó a la alcaldía, en el cual se detalla una malversación de más de mil millones de lempiras.
El informe comprende siete tomos e indica las supuestas irregularidades descubiertas en una auditoría practicada en el período comprendido del 25 de enero de 2002 al 26 de julio de 2006.
El informe refleja los gastos que se dieron sobre la compra de combustible. Por ello la Fiscalía citó para el viernes al ex vicealcalde Osmín Eligio Bautista, al ex gerente municipal Manuel Paz, al de infraestructura, Ramón Medina y al jefe de servicios municipales, Rubén Bonilla, a fin de que rindan una declaración.
Orden de captura
Las órdenes de captura que el juez Nicolás Barahona libró el pasado lunes contra Kilgore y tres de sus funcionarios se mantienen vigentes.
En el caso del ex jefe de servicios municipales, Rubén Bonilla, el Juzgado de Letras ordenó que se proceda a citarlo para que comparezca el próximo 5 de enero de 2007, a las 10 de la mañana.
La defensa del ex alcalde, que maneja el abogado capitalino Marvin Enrique Mejía, presentó ayer ante la secretaría del tribunal una solicitud de presentación voluntaria y que se proceda a dejar sin valor y efecto la orden de captura librada el pasado lunes 11 de diciembre.
Raúl Gustavo Bonilla, representante legal de Serapio Umanzor, también hizo lo propio, por lo que el juez Nicolás Barahona tomará el jueves una resolución sobre si admite la solicitud de presentación voluntaria, ordena citarlo para una determinada fecha y deja en suspenso la orden de captura.
Alerta en fronteras
El director noroccidental de la Policía de Investigación, José Leandro Osorio, aseveró ayer que ya pusieron una alerta en las fronteras para evitar una posible fuga del ex alcalde Óscar Kilgore y sus tres colaboradores, contra quienes hay una orden de captura.
Osorio manifestó que ya hicieron las coordinaciones con las autoridades de la Policía de Fronteras para evitar la salida del país por cualquier punto fronterizo.
Manifestó que varios equipos trabajan en la localización y captura de los cuatro ex funcionarios municipales, a quienes se les libró la orden de detención por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos. “Ya coordinamos con las jefaturas policiales de todo el país, a las cuales les enviamos copias de la orden de captura”.
