San Pedro Sula, Honduras
Los más de 57,000 hondureños que gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS) comenzaron a albergar nuevas esperanzas de continuar viviendo en Estados Unidos luego que un juez neutralizara al Gobierno de Trump en su intento de eliminarles ese privilegio a emigrantes de Sudán, Haití, El Salvador y Nicaragua.
| Reforma
Según el embajador Marlon Tábora, Honduras busca una reforma migratoria integral para garantizar la estabilidad definitiva de los hondureños en EUA.
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Este 3 de octubre, Edward M. Chen, juez del Distrito Norte de California, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) respetar el TPS de las personas de Sudán, Haití, El Salvador y Nicaragua al resolver el caso con registro No. 18-cv-01554-EMC y conocido en las últimos días como Caso Ramos versus Nielsen.
El 12 de marzo, Ramos, una niña de 14 años que nació en California (adonde vive), hija de la salvadoreña Cristina Morales, y 11 personas más de esas cuatro nacionalidades presentaron una demanda contra Kirstjen Nielsen, secretaria de DHS, y otros funcionarios para que se abstengan de ejecutar deportaciones porque, desde su punto de vista, “son ilegales”.
Este grupo de personas argumentó ante el juez que el Gobierno de Estados unidos al intentar eliminar el beneficio del TPS viola “el debido proceso de la Quinta Enmienda” porque actúa “basado en raza y origen” de los individuos.
En el punto número 9 de la petición, Ramos y los otros demandantes esgrimieron que el presidente Trump expresó públicamente su postura racista al llamarlos “países de m.....” en enero de 2018.
Expectativa en Honduras
Esta demanda, una de las tantas entabladas por emigrantes de diferentes orígenes, ha despertado esperanzas y alegría en los hondureños en Estados Unidos. Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, explicó en una entrevista con LA PRENSA que la resolución sobre el Caso Ramos versus Nielsen tendrá un efecto positivo, pues algunos hondureños han presentado demandas similares.
| Decisión
El juez tomó una decisión sobre una demanda presentada de manera privada por un grupo de ciudadanos y no por los Gobiernos de esos países.
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“La decisión que tomó el juez abarca solo a estos países porque la demanda la introdujo un grupo de personas de esos países. En ese momento, los hondureños no presentaron demandas porque estaban gozando del TPS hasta el 5 de julio. El 4 de mayo, el DHS tomó la decisión de cancelar el TPS para los hondureños y dio una extensión de 18 meses hasta el 5 de enero de 2020. Ahora hay un proceso de una demanda y seremos parte de ese grupo“, dijo.
Alternamente, a inicios de septiembre, “un senador republicano de Colorado presentó un proyecto de ley para pedir una nueva extensión del TPS hasta el 15 de septiembre de 2021”.
El 5 de abril, Portillo y miembros de la Organización Hondureña Francisco Morazán se reunieron con el congresista republicano por Florida Mario Díaz Balart para que buscara una ley con el fin de legalizar a los emigrantes que están, por ahora, amparados con el TPS. La resolución judicial, tomada por Edward M. Chen, le otorga 15 días al DHS para que la responda.
Notificación
Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, aclaró en entrevista con LA PRENSA que “esta es una demanda presentada por nueve padres de familia y sus cinco hijos, 14 personas en total, el 12 de marzo de 2018”.
“Esa fecha resulta fundamental porque en esa fecha el DHS había hecho oficial la notificación de la cancelación del TPS para Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. En esa fecha, Honduras todavía no había recibido la notificación del DHS de que el TPS había sido cancelado (...). Una de las cosas que yo logré al solicitar la renovación fue que se extendiera por seis meses de manera automática, mientras EUA analizaba con mayor detalle si en el caso particular de Honduras podían aplicarse las condiciones que nosotros presentamos en ese momento. Por esa razón, ningún hondureño podía presentar ningún tipo de reclamo de la misma forma que lo hacían los otros países”, dijo.
Para Tábora, “es importante entender la forma en cómo fue interpuesta la demanda” y las cinco peticiones formuladas por esas familias.
Ellos argumentaron “que se estaban utilizando razones de tipo racista y nacionalista para cancelar el TPS (...), y el otro argumento es que, según ellos, el DHS violenta un principio fundamental en la Constitución de Estados Unidos: la invasión a la libertad personal. ¿Cómo lo abordan? Están obligando a ciudadanos norteamericanos, en este caso son los niños, a que tomen la decisión de salir del país o separarse de sus padres (...)”.
“De las cinco peticiones, el juez solo resolvió una: la de evitar que el DHS deporte a la gente que estaba siendo beneficiada por el TPS de esos cuatro países. Si esta resolución eventualmente crea jurisprudencia, los hondureños que cumplen con los mismos requisitos de esas personas que presentaron esta demanda perfectamente pueden hacer uso de ese principio general y aplicarlo en el caso de ellos, independientemente de que no se mencionen ahí”.
El embajador informó que “hay otros casos” en Massachusetts, Nueva York y Maryland y en otros estados .
“Tratar de decir que Honduras quedó fuera es incorrecto, como también es incorrecto decir que Honduras se verá beneficiado. Se pudiera ver beneficiado si solamente es una sentencia firme, cosa que no ha pasado en este momento”, aclaró.
