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Ni militares ni policías pueden controlar penales de Honduras

  • 20 junio 2023 /

El suceso se dio en una penitenciaría de mujeres situada a 25 km al norte de la capital de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras ha experimentado desde hace mucho una ingobernabilidad e inestabilidad en sus centros penales.

Estos problemas se han visto reflejados en el constante cambio de administración de las cárceles y en la necesidad de intervenciones para intentar controlar la situación, que ha sido recurrente, con incendios, motines y fugas masivas.

Es así cómo los centros penales han cambiado de manos entre diferentes entidades encargadas de su gestión.

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Una tras otra

Ante la falta de control y violencia desenfrenada en todas las prisiones, los gobiernos han recurrido a intervenciones militares y policiales para tratar de restablecer el orden.

Estas han consistido en la ocupación temporal de cárceles por parte de fuerzas de seguridad, con el objetivo de confiscar armas, drogas y otros objetos prohibidos, así como desmantelar estructuras de poder de las pandillas y grupos criminales que operan desde adentro.

A partir del 2014, cuando comenzó gobierno el expresidente Juan Orlando Hernández, la administración de las cárceles pasó a formar parte del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Anteriormente estuvo a cargo la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, parte integrante de la Policía Nacional.

El 17 de diciembre de 2019, el entonces ministro de la presidencia, Ebal Díaz, anunció que el sistema pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). La medida fue tomada tras el asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, recién suspendido de su cargo luego que el recluso Magdaleno Meza fuera ultimado adentro.

El 10 de marzo de 2022, con Xiomara Castro como presidenta, la nueva administración de los centros penitenciarios pasó a ser responsabilidad de la Policía Nacional con el argumento oficialista que estos no estaban siendo bien manejados por los militares y que los resultados de la violencia en estos espacios era en parte un desencadenante de ello.

Un mes después, el 9 de abril, la presidente Xiomara Castro anunció una “dura” intervención luego de enfrentamientos simultáneos entre pandilleros en cuatro cárceles. Para encabezar la intervención sumó a la cabezal a la actual viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Respuesta fallida

A criterio de diversos sectores en el país, esta intervención ha dado poco o nada de resultados, pues concuerdan que las prisiones siguen siendo gobernadas por el crimen organizado, por lo que no decantan, entre otras soluciones, en la idea que estas puedan ser administradas por la sociedad civil con asesorías de especialistas en materia penitenciaria del extranjero.

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El médico forense Denis Castro Bobadilla cuestionó al Estado sobre las eventuales excusas que pueda presentar ante lo ocurrido recientemente en la cárcel de mujeres en Támara.

“Esto solo refleja una incompetencia en los cargos, lo que cabe es realizar el proceso de recolección de indicios, verificar qué armas utilizaron, quiénes las tenían y la relación arma- cuerpos. No me vayan a decir que no pueden establecer esos parámetros porque son importantes para esclarecer los hechos y responsables”, explicó el excongresista al referirse al último evento de violencia protagonizada en la prisión femenina.

Por su parte, la ministra en Derechos Humanos, Natalie Roque, expuso que “la Presidenta de la República pidió acciones concretas a los encargados de la seguridad y del sistema penitenciario. Esto se interpreta como un ataque. Se anunció hace varias semanas que este centro iba a ser una cárcel modelo”. La funcionaria demandó respeto para el dolor de las familias.

“Desde el Poder Ejecutivo estamos aquí para solidarizarnos con las familias”, reflexionó.

En el Poder Legislativo se cuestiona los planes implementados por este gobierno en términos de seguridad. El diputado nacionalista Tomás Zambrano refirió que su bancada ha apoyado al gobierno de Libre en las leyes que se han enviado al Congreso para mejorar la seguridad de la población.

“Es triste lo que sucede en Honduras, lastimosamente la violencia ha aumentado, sobretodo contra la mujer, extrañamente cuando por primera vez una mujer gobierna el país”, apuntó Zambrano en el marco de la matanza de múltiples privadas de libertad en Cefas.