Tegucigalpa
“La persona que denuncié en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y en el Ministerio Público, al licenciado en informática y diputado del Congreso Nacional, Luis Redondo”, está detrás de su destitución como jueza de sentencia, aseguró la abogada Karla Romero.
Ella argumentó que su despido del Poder Judicial comenzó a fraguarse desde que ella recibió las primeras amenazas. “Él (Luis Redondo) me amenazó a través de otra persona; esta persona tenía los mensajes a cerca de decir que yo me había metido con la persona equivocada”, recordó la profesional del derecho.
La cancelación del acuerdo de trabajo, según Romero, se debe a problemas políticos y a los recursos de inconstitucionalidad que interpuso contra el decreto 04-2022 de la Ley de Amnistía.
Esta tesis fue negada rotundamente por el magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz. “Es una decisión tomada por la presidenta (Rebeca Ráquel) porque ella es la administradora general del Poder Judicial, pero la decisión fue acuerpada por el pleno, es decir, el pleno lo discutió, recibió el informe de la Supervisión General del Poder judicial y todos dimos nuestro punto de vista sobre la resolución que la presidenta firmaría”, reveló.
Similar versión exteriorizó la supervisora general de este poder del Estado, la abogada Suyapa Matute, al aseverar que “es evidente que no existe ningún tipo de sesgo político en cuanto a la decisión tomada por las máximas autoridades del Poder Judicial”.
Matute dijo que las investigaciones arrojaron la falta de emisión de sentencias de la exjueza Romero en un tiempo de nueve años con ocho meses; esta causal sumada a la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, circunstancia que derivó en un accidente de tránsito, habrían sido los motivos suficientes para sancionar a la ahora exjueza Karla Romero.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad dijeron que había dado positivo en prueba de alcoholemia.
