Tegucigalpa
Aunque el oficialismo asegura que con la Ley de Justicia Tributaria solo buscan que todos los generadores de riquezas paguen impuestos, la oposición externa que con esa ley se perderán empleos y las empresas poco a poco se irán del país.
A juicio de Marlon Lara, diputado por el Partido Liberal, esta ley no se aprueba porque incluye varios factores que implican un costo de vida más caro en Honduras y que la inversión se vaya.
“Quita todos los incentivos al sector maquila, elimina las órdenes exentas de compra para la importación de combustible, lo cual va a encarecer el precio de la energía eléctrica; esto aumentará el costo de todos los productos que son producidos por energía”, expuso.
Y es que la propuesta de la ley tributaria genera desconfianza, complicaciones políticas y dudas legales en Honduras.
A pesar de haber sido concebida hace más de un año y cinco meses, aún no ha logrado el respaldo de los 65 diputados necesarios (mayoría simple) para su aprobación. Por ahora solo cuenta con el apoyo de al menos 43 diputados de la bancada de Libertad y Refundación (Libre).
En Honduras hay un ambiente tenso porque hasta el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, instó a aprobar esta normativa, cuando la Constitución prohíbe a la institución castrense inmiscuirse en asuntos políticos.
La oposición política teme que esta ley sea aprobada por la mitad más uno de los presentes en el Congreso Nacional al confirmar el quórum. Expertos dicen que hay intereses ocultos detrás de su aprobación.
Lo que abarca el proyecto de ley tributaria
1_ La eliminación de los regímenes de exoneración fiscal vigentes.
2_ Dar seguridad jurídica a los beneficiarios de estos regímenes reconociendo los derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas.
3_ Creación de 2 nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y atraer inversión extranjera.
4_ Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de elevación fiscal
5_ Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el código tributario y permitir el intercambio de información con otros países.
Miguel Villatoro, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dijo que “para Libre, este proyecto de Justicia Tributaria es uno de sus pilares fundamentales. Puede haber intereses ocultos para saber dónde se está manejando el dinero”, analizó.
“Hay que revisar técnicamente ese dictamen, hay que dar tiempo para que los 128 diputados revisen y den su opinión”.
Para el analista Raúl Pineda Alvarado, el Gobierno volvió a tocar este tema porque “traman algo y quieren desviar la atención; a ellos no les interesa la situación de los hondureños”.
Qué dice la ley
En términos técnicos y explicado por expertos, la Ley de Justicia Tributaria es la fiscalización del Estado a los generadores de riqueza privados y públicos en Honduras.
De acuerdo con el dictamen discutido el pasado martes en el Congreso Nacional -la sesión se suspendió por protestas de la oposición, que está en contra de la iniciativa-, esta ley pretende “eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas”, entre otras cosas.
También se incluye “cambiar el principio de renta territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales y eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal”.
El diputado Ramón Barrios sintetizó que con esta ley se busca “equiparar las obligaciones de pagar impuestos”, pues desde el Gobierno se ha manifestado que 10 familias hondureñas, las más poderosas económicamente, están exoneradas de pagar impuestos al generar sus propias riquezas.
