Durante el traslado a Tegucigalpa del exministro Arturo “Tuky” Bendaña, quien está acusado de millonario fraude en el sistema salud hondureño, su hijo defiende su inocencia y declaró que todo les cayó de sorpresa.
Sergio Bendaña manifestó que su padre, capturado esta tarde en su vivienda en San Pedro Sula, se encuentra muy bien y fortalecido, que hasta el momento (noche del 26 de agosto) en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) solo le han hecho el procedimiento de rutina de tomarle sus datos.
“Nosotros somos una familia trabajadora, eso hemos aprendido desde nuestros antepasados desde hace 80 años que tenemos el hospital en la ciudad. Mi padre no ha hecho nada más que, hacerle el bien a la gente, no está bien decirlo, pero hay inumerables personas que le ha salvado la vida sin cobrarles un centavo”, argumentó.
El también médico descartó que su padre, de 71 años, esté vinculado al fraude que se le acusa, ya que los bienes obtenidos son los mismos y han sido patrimonio del trabajo familiar.
“Esperamos que la justicia se cumpla y que el juez dicté de manera imparcial. Nosotros vivimos en la misma casa desde que yo tenía 15 años, hoy tengo 52 años”, puntualizó.
Añadió que su padre incluso no cuenta con propiedades en el extranjero y que hasta el momento no tienen nada de que avergonzarse.
Captura de “Tuky” Bendaña
La ATIC capturó la tarde de este lunes a Arturo “Tuky” Bendaña Pinel, exministro de salud del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa en el año 2010-2014 y a otros implicados en el caso en Tegucigalpa y Danlí; sumando cinco los capturados.
Fue el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), quien presentó este lunes el requerimiento fiscal contra Bendaña y otros representantes de empresas mercantiles, por compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de doscientos veinticuatro millones de lempiras (L. 224,994,921.30).
A los imputados se les acusa de delitos como fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según el Ministerio Público, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “extrafinanciamiento” (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño.
